La postergación de la orden de desalojo de la ocupación de Guernica (Pte. Perón), por escasos días, ha dado lugar a una iniciativa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, para intentar debilitar la organización de los vecinos, “segmentando” los reclamos de las familias según su supuesto “distrito de origen”. Una maniobra que esconde que se trata de familias sin vivienda y hasta la fecha no ha ofrecido nada en concreto.

La toma de Guernica se ha convertido en un símbolo de la lucha por el acceso a la tierra y por el derecho a la vivienda. La postergación hasta el primero de octubre de la orden de desalojo, dictada por el juez Rizzo, implicó un primer triunfo en medio de los preparativos de un operativo represivo de magnitudes insoslayables y con el precedente de otros desalojos violentos en la provincia.

La reacción organizada de los vecinos y vecinas de la toma, quienes desplegaron distintas iniciativas en las vísperas de la fecha de desalojo, y la colaboración de un amplio abanico de organizaciones piqueteras, políticas, sindicales y de DD.HH. que convocaron a unos 20 cortes en accesos y arterias principales del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), si se montaba el operativo, lograron presionar al gobierno para que se postergue el desalojo; es claro que un desalojo con la fuerza policial  bajo las actuales condiciones podría implicar una escalada en el agravamiento de la crisis social, con las posibles secuelas de una nueva acción represiva en manos de la Bonaerense.

La prórroga de la fecha para el desalojo vino tras el pedido del gobernador Axel Kicillof al juez interviniente, con el objetivo de ganar algo de tiempo mientras sus funcionarios persisten en el intento de persuadir a una parte significativa de los ocupantes de que se retiren voluntariamente.

La orientación del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a cargo del “Cuervo” Larroque sigue siendo la de llevar adelante un desalojo que ellos llaman “pacífico”. De este modo intentan debilitar la organización de los ocupantes con aprietes y “ofrecimientos” individuales de dinero, mientras dan vía libre para el permanente hostigamiento policial a los vecinos. Los funcionarios persisten en el intento de “persuadir” a una parte significativa de los ocupantes de que se retiren voluntariamente. Finalmente cuentan con la amenaza del desalojo violento como herramienta de extorsión y apriete.

La primera propuesta que trascendió de conformar un fideicomiso, para que las familias puedan pagar los terrenos con un financiamiento a largo plazo fue cajoneada rápidamente, lo que podríamos catalogar como un nuevo recule.

Ahora, desde la provincia difunden que su intención es valerse de los datos del censo realizado en la ocupación para discutir con los intendentes, del lugar de “origen” de cada familia, una salida habitacional en cada distrito. El subsecretario de Hábitat de la provincia reconoce que su objetivo sería “segmentar las problemáticas para darles respuesta”, lo cual omite deliberadamente que la problemática es una y no varias: el derecho a una vivienda.

La idea de “segmentar” tiene por finalidad intentar dividir al colectivo de vecinos y vecinas que sostienen organizadamente la ocupación, para proceder a un desalojo “en regla”, sobre un caudal menor de familias, con los efectivos de la policía bonaerense. Resulta que en lo que va del tiempo ganado el gobierno no ha presentado ninguna propuesta en concreto y sigue pesando sobre las miles de familias una orden de desalojo, con fecha “improrrogable”.

El censo realizado por las autoridades provinciales alcanzó a unas 1.904 familias y detectó unas 2.344 casillas instaladas en el lugar. Contrariamente a lo que se cansó de afirmar la intendenta Blanca Cantero ante los medios, la mayoría de los ocupantes pertenece a la localidad de Guernica (650). La mayoría de los censados no pudo acreditar domicilio alguno ya que se encuentran en esas tierras justamente por carecer de un hogar propio, o no tienen adonde volver. Son, en muchos casos, situaciones de violencia de género, de extrema pobreza o de una situación habitacional al límite. Los restantes se reparten entre los distritos del Conurbano sur y La Matanza.

Sin embargo, el “plan” Kicillof aparece como letra muerta si no va acompañado de los fondos necesarios para garantizar los compromisos que eventualmente realizarían. Es lo que han señalado los intendentes, quienes hablan del “costo de traslado”: una suma que excede a la entrega de terrenos fiscales y que supone garantizar la infraestructura (servicios, urbanización, etc.) y la construcción de viviendas.

En los hechos, lo único tangible con los que cuentan las familias de Guernica son los terrenos en donde permanecen desde el 20 de julio y que han sabido defender con su organización y lucha, contra todo tipo de provocaciones y maniobras. Que la solución del gobierno pase por desmantelar este proceso de organización, con compromisos vagos, debe llamar la atención de todos los vecinos y vecinas acerca de una maniobra para debilitar su lucha.

Lo mismo vale para la idea de “segmentar” reclamos que parten de una mismas necesidad social, sobre la base de hacer hincapié en la pertenencia “municipal” de cada habitante, cuestión que ha sido desestimada una y otra vez por el gobernador Kicillof y el presidente Alberto Fernández en las sucesivas conferencia de prensas sobre la pandemia, al insistir con que el Amba es una “zona urbana común”. Ni hablar de que la Constitución Nacional garantiza el derecho a la vivienda a todos habitantes, sin distinción de “municipio”.

Reclamamos el cese de todo intento de desalojo, que se dé marcha atrás a la orden del juez y que se arbitren inmediatamente todos los medios para garantizar el derecho a la vivienda de las familias de Guernica y ofrecer una salida de fondo a la crisis habitacional que vive el país.