La población que reside en las barriadas del país encuentra mayores dificultades para acceder al programa Precios Cuidados. Sucede que los artículos incluidos solo se hallan en las grandes cadenas de supermercados, las cuales están alejadas de los barrios, sobre todo de los más vulnerables.

En medio del ascenso inflacionario, cuyo índice alcanzó el 50,2% interanual y el 53,2% en el caso de los alimentos, los productos de Precios Cuidados pasaron a representar el 50% de las ventas de los supermercados en lo que va del año. Sin embargo, esta política que regula los precios de más de 700 artículos de consumo masivo no llega a los autoservicios, almacenes y comercios de proximidad, los cuales nuclean el 56% de la demanda.

Así las cosas, los sectores populares se ven obligados a contar con movilidad propia para transportarse a los supermercados adheridos, o bien, realizar sus compras en un comercio barrial -los cuales no cuentan con precios controlados- y gastar más dinero. Esto, en un cuadro donde movilizarse en vehículo es cada vez más costoso: no solo aumentó el precio de la nafta en un 55% desde inicios del 2020 a mayo 2021, sino que también el precio del GNC está sujeto a revisiones trimestrales de modo que tendrá un incremento del 5% en agosto.

A su vez, el desabastecimiento es moneda corriente por parte de los proveedores de los productos que forman parte de Precios Cuidados. Por lo tanto, es necesario realizar largas filas antes del horario de apertura del supermercado para poder encontrarlos en las góndolas. Al mismo tiempo, el programa no está exceptuado de aumentos; sin ir más lejos, la Secretaría de Comercio estipuló subas de hasta un 8% en junio.

Otra política del gobierno destinada a reducir el hambre, como la Tarjeta Alimentar, también encuentra dificultades en su uso al interior de las barriadas, ya que muchos comercios no cuentan con un Posnet. Esto sin mencionar que se trata de montos congelados, los cuales han sido devorados por medio de la inflación en los alimentos. Un estudio realizado por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) en 2020 arrojó que el 77% de las familias que poseen la tarjeta cubre con ella la compra de alimentos de tan solo dos semanas, mientras que le 75% tuvo carencias alimentarias de algún tipo.

Evidentemente, lo anterior delata la inocuidad de las medidas oficiales en revertir el impacto de la suba de la canasta alimentaria, que ha sido del 53,4% en un año. El encarecimiento del “plato de comida” responde directamente a los sobreprecios que se producen en toda la cadena comercial, los cuales se descargan sobre los bolsillos del pueblo trabajador. Ante esta realidad, el gobierno no mueve un dedo.

Un dato que ilustra la magnitud del fenómeno es que la brecha de precios entre el productor agropecuario y el destino comercial aumentó un 11% en junio. Según la CAME, los consumidores pagaron en junio 5,22 veces más que lo que percibieron los productores de alimentos, alcanzando la diferencia más alta de los últimos 5 años. Por otra parte, los pulpos exportadores han trasladado el alza de los precios internacionales de las materias primas en el mercado interno, contribuyendo a la inflación.

En definitiva, para combatir verdaderamente la inflación y reactivar el consumo popular es necesario dar lugar a la apertura de los libros contables de toda la cadena de precios para evaluar los costos reales, desde la producción, el empaque, el almacenamiento y el trasporte hasta llegar al punto de venta. Por otro lado, es preciso nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior. Finalmente, la recomposición del ingreso de los trabajadores, a través de un salario mínimo de $65.000, un seguro al desocupado de $40.000 y paritarias indexadas a la inflación, es un requisito de primer orden para remediar las dificultades que se viven día a día en los barrios del territorio nacional.

 

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