El  jefe de bloque de diputados del gobierno, Sergio Massa, respalda el proyecto de ley Pancitas Llenas, que busca establecer un “aporte solidario” del 0,04% de las ganancias de los sectores económicos más beneficiados durante la pandemia, que sirva para la provisión de 4.000 toneladas mensuales de alimentos para los comedores comunitarios. La iniciativa, apadrinada por la Pyme alimenticia Orali, exime de responsabilidad al Estado, pasando la cuestión a la órbita de la caridad, y plantea la deducción de Ganancias tras los dos primeros años.

El proyecto es  impulsado en el recinto por el diputado del Frente de Todos, Carlos Selva. Y cuenta, además del apoyo del empresario Julio González (Orali), con respaldo de unas 50 empresas privadas.

La cuestión planteada tiene una base sólida y real: el crecimiento exponencial de la pobreza en el país, con una mayor demanda de comensales en decenas de miles de comedores comunitarios y populares. Pero ignora abordar el problema fundamental: el recorte en la provisión de alimentos del Estado, desde donde se impulsan las políticas que multiplican el hambre y la desocupación entre millones de trabajadores.

El vaciamiento alimenticio

La crisis de los alimentos fue una de las primeras cuestiones que debió afrontar este gobierno, con el escándalo de los sobreprecios que explotó a comienzos del 2020 en la cartera de Daniel Arroyo. De ahí en más, el gobierno se valió de aquellas repercusiones para desentenderse de la provisión directa de alimentos por medio de programas más limitados.

Uno de estos es el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), desde donde se destinan algunos recursos económicos para que las organizaciones sociales adquieran, a precio de mercado, parte de los alimentos que el gobierno no entrega.

Tomando las políticas alimentarias de conjunto, el gobierno cuenta con un presupuesto vigente de unos $118.621,02 millones para todo el año, de los cuales ya utilizó el 76,37%. De estos fondos solo $9.762,03 millones van destinados a la adquisición de bienes de consumo, mientras que el 91% de los recursos van a la Tarjeta Alimentar.

El gobierno nacional se ufana de haber ampliado el horizonte de beneficiarios de la Tarjeta Alimentar hasta los niños de 14 años; sin embargo, los montos que se depositan a los beneficiarios se encuentran ajustados por la inflación. Mientras que para el caso de un niño no se han modificado los $6.000, para dos o más niños se pasó de $9.000 a $12.000 (33%), contra una suba de la Canasta Básica Alimentaria del 53,4%.

Una responsabilidad del Estado

La política de ajuste del gobierno de Alberto Fernández impacta de lleno en la suba de los precios. Los programas de regulación de precios son sometidos permanentemente a “actualizaciones” en los valores y a recortes: es lo sucedido con Precios Máximos, que desapareció bajo la coartada de un nuevo programa (Súper Cerca) que alcanza a un 5% de los productos de su antecesor.

El gobierno reniega de los recursos con los que cuenta para poder garantizar la provisión de alimentos, como la Ley de Abastecimiento o su posición privilegiada para determinar el precio de adquisición de los alimentos para los comedores populares. Más aún, destina fondos millonarios para el pago de la deuda externa, como lo que ha pactado recientemente con el Club de París, pero solo asigna migajas para las mesas de las familias pobres.

El planteo de un porcentaje ínfimo a cargo de las patronales, las cuales luego le transferirán la factura al Estado, elude esta cuestión fundamental: el Estado debe dar respuesta inmediata al problema de la malnutrición y el hambre en el país, donde tres de cada cuatro chicos no se alimenta correctamente. La cuestión no puede quedar en manos de una operación entre privados, o de la “caridad” de las patronales, porque esto implicaría disolver las obligaciones del Ejecutivo nacional: una especie de tercerización de la gestión del hambre.

Reclamamos la provisión estatal inmediata de alimentos, con regularidad mensual, al conjunto de los comedores populares, sobre la base de una dieta nutricional integral, que responda a la elaboración de especialistas en la materia. Junto al reconocimiento laboral de los y las trabajadoras esenciales de los comedores, quienes impulsan esta actividad primordial en todo el país.