Próvolo: absolvieron a las monjas acusadas por los abusos sexuales a menores hipoacúsicos en Mendoza

Este miércoles 18 se dictaron las sentencias de las últimas acusadas del Instituto Próvolo de Mendoza por su participación en abusos sexuales contra menores hipoacúsicos que se cometieron allí durante años. El tribunal conformado por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Renna y María Belén Salido absolvió a las nueve imputadas. El juicio había comenzado en 2021.

La principal acusada era la monja Kumiko Kosaka. La querella y la fiscalía habían solicitado 25 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante y la señalaron como partícipe necesaria en otras violaciones. Para la Justicia tampoco fueron responsables de haber cometido ningún delito la exmadre superiora Asunción Martínez, para quien habían pedido 10 años de prisión; las exdirectoras Graciela Pascual y Gladys Pinacca; la cocinera Noemí Paz; las empleadas Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo.

El Caso Próvolo tuvo repercusión mundial por los abusos a los que fueron sometidas personas menores hipoacúsicas, que hasta finales de 2016 concurrieron a esa escuela albergue de la Iglesia católica en el departamento de Luján de Cuyo. En este caso quedó evidenciado el papel nefasto de la Iglesia, que trasladó y encubrió a los primeros acusados, los curas Horacio Corbacho y Nicolás Corradi, finalmente condenados en un juicio histórico que finalizó en 2019, impulsado por la enorme lucha de víctimas y familiares.

Este fallo no viene solo, fue acompañado de un amedrentamiento y persecución constante desde el primer juicio (buscando deslegitimar a las víctimas y denunciando a sus intérpretes, haciendo informes de las redes sociales, de sus perfiles y los de sus familiares y utilizándolos en los procesos, etc). Desde el minuto cero, la Iglesia envió un emisario papal que realizó una investigación paralela a la judicial con acceso al expediente y a los testigos de identidad reservada, llevándose hojas del expediente, pero sin aportar ningún dato de esa investigación a la justicia mendocina y colaborando como órgano de presión contra las víctimas hasta el día de hoy.

Todo esto contó con una amplia cobertura por parte del Estado, que protege a la Iglesia y que obliga a dar enormes batallas contra los abusos que se cometen sistemáticamente desde el clero. De esto da cuenta la propia experiencia de Corradi, que fue denunciado por una causa similar en La Plata pero que la Justicia declaró prescripta y por la acumulación de denuncias anteriores por violaciones en Italia. También dio cuenta de esto la compra del edificio donde funcionaba el Próvolo, en velocidad récord, por parte del municipio de Luján de Cuyo, en ese entonces gobernado por Omar de Marchi, en clara connivencia con la Iglesia (y en una intentona de evitar futuras indemnizaciones a las víctimas, algo que finalmente no lograron evitar). Ahora funcionan allí oficinas administrativas.

Reforcemos la lucha contra la impunidad de la Iglesia pederasta y el Estado cómplice. Debemos acabar con los privilegios materiales y legales que posee hoy la Iglesia, por eso planteamos la separación de la Iglesia y el Estado. Acompañamos a las víctimas y familiares ante la desidia, la impunidad y la violencia ejercida desde las instituciones. Vamos por todas las condenas y continuaremos apoyando la lucha por la justicia.

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