Los responsables de seguridad del nuevo gobierno en la nación y la provincia, Sabina Frederic y Sergio Berni han hecho desde su asunción declaraciones planteando que el gobierno estudia promover un marco regulatorio para la producción y consumo del cannabis.

Frederic ha presidido una reunión de 28 organizaciones que incluyen organismos de derechos humanos (Cels, APDH) y organizaciones no gubernamentales ligadas al reclamo de legalización, incluyendo a grupos de familiares de usuarios de cannabis medicinal que han conformado un Acuerdo por la regulación legal del Cannabis.  Han dicho que están estudiando los países (Uruguay, Canadá, y algunos estados norteamericanos como California) donde se ha legalizado el uso de la marihuana no sólo por razones médicas, si no su libre disponibilidad general. La idea de la regulación es que no sólo no se persiga a los que consuman o practiquen el autocultivo sino que el Estado controle, y en algunos casos participe, en cada paso de cultivo, proceso y venta.

Cuando un periodista le consultó  si la despenalización era una posibilidad inmediata, Federic contestó: “estamos lejos. Por el momento, lo que hemos decidido es crear una mesa de trabajo con varios ministerios para que se someta a discusión el tema del consumo de sustancias. Se va trabajar en un sentido integral y se verá de llegar a un proyecto de despenalización o bien de regulación, lo que se defina por consenso, para presentarlo en el Congreso” (Clarín 9/2).

La ministra Frederic ha comentado el altísimo costo que significa para el Estado la persecución a consumidores de marihuana cuando se trata de una sustancia menos dañina que el alcohol, que es de libre y extendida disponibilidad.

Se dio a conocer en estos días un informe de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires que muestra las dimensiones espeluznantes que ha tomado la persecución policial contra la juventud con la excusa de la tenencia de drogas. Hubo un aumento en 5 años del 110% de las instrucciones judiciales vinculadas a la Ley de Estupefacientes, constituyendo una de cada cuatro causas abiertas en la provincia entre 2014 y 2018 (Página/12, 30/12/2019). La fiscalía 6 de Comodoro Py, encabezada por Federico Delgado, emitió el año pasado su informe anual sobre las causas que cursa donde marca que 2018 fue el record en causas por ley anti-droga. “De 503 causas penales que se iniciaron por todo tipo de delito federal en ese turno de agosto en la oficina de Delgado, el 92% fue por infracción a la ley de drogas (N°23.737). De todas ellas (465 casos) sólo 8 fueron elevadas a juicio oral. De las sustancias incautadas, el 95% fue cannabis. En ese turno se secuestraron 2.953,65 gramos de marihuana, lo que da un promedio de 9 gramos por persona detenida” (Infobae 30/3/2019).

Un habeas corpus realizado por un juez de la región de Necochea, Lobería y San Cayetano muestra que se produjeron en la zona en 2018 600 requisas por drogas que en su inmensa mayoría fueron sobre jóvenes de menos de 25 años; estaban vinculadas a marihuana, no a drogas duras; en cantidades pequeñas que corresponden a consumo personal; y que son causas que terminan archivadas. Toda una persecución policial destinada no contra el narcotráfico sino para amedrentar a la juventud, perseguirla y disciplinarla. En el Servicio Penitenciario Federal se encuentran 3300 detenidos privados de su libertad por Ley de Estupefacientes sin condena.

Más represión y más droga

La línea de “guerra contra las drogas” seguida durante el gobierno de Macri evidentemente ha sido un salto represivo sobre consumidores y gente que practica el cultivo para consumo propio, incluso médico, sin ningún indicador de mejoras en el impacto de las drogas sobre la salud pública ni un retroceso del narcotráfico.

Un estudio de la Organización de los Estados Americanos (OEA) del año pasado muestra que en el mismo período Argentina se volvió el país con el mayor nivel proporcional de ingesta alcohólica en la región y se posiciona casi junto a EE.UU. en los índices más altos de consumo de cocaína (La Nación 9/6/2019).

Las estadísticas oficiales del año pasado mostraron que 2 de cada 10 muertes de personas de entre 15 y 64 años se vincula con el consumo de drogas legales e ilegales, lo que representa una tasa de 54,9 por cada 100.000 habitantes (Informe Sedronar en Télam, 25/10/2019). Las muertes están ligadas a combinaciones de drogas duras, alcohol y drogas legales de distinto tipo (analgésicos opiáceos, psicofármacos).

Un giro internacional en el negocio de la droga

La “guerra contra las drogas” ha sido una política central del imperialismo yanqui en el siglo XX. Ha servido puertas adentro para perseguir y judicializar a sectores de la juventud y en particular las minorías raciales negras y latinas. A nivel internacional ha sido una plataforma privilegiada para entrelazar a los aparatos de seguridad yanquis (FBI, DEA, CIA) con los de decenas de países. Concluida la guerra fría, el supuesto combate al terrorismo y el narcotráfico son las dos grandes líneas del aparato diplomático-militar de EE.UU. El Plan Colombia por ejemplo ha significado una presencia militar yanqui de 20 años, con presupuestos millonarios. Nada de esto ha impedido que hoy Colombia produzca un 70% de la cocaína en el mundo y que entre 2016 y 2018 cada año haya sido un record de producción. Ni esta política ha impedido tampoco que EE.UU. sea el principal consumidor de drogas del planeta. Los años de acción común policial entre México y EE.UU. han visto el fortalecimiento del control territorial de los carteles narco sobre vastas regiones del país.

La llamada guerra contra las drogas ha llevado a un verdadero desastre humanitario y al mismo tiempo a un fortalecimiento de los carteles y a un entrelazamiento progresivo de estos con los estados, las fuerzas de seguridad, la justicia y el sistema financiero, mientras los niveles de consumo de drogas siguen creciendo. La aceptación social que se ha desarrollado al consumo de marihuana en amplias capas de la sociedad ha servido también a percibir el fracaso del prohibicionismo.

Se ha pronunciado en los últimos años un giro de un sector del capital a la legalización de la marihuana, terminando con la judicialización y creando una industria legal alrededor de su producción, venta y los accesorios para consumir y cultivar con más diversidad y especialización que la que puede tener un negocio clandestino. El magnate e inversor capitalista George Soros viene haciendo lobby por este giro a nivel internacional y financió en su momento la campaña por la ley de legalización de marihuana en Uruguay.

Kofi Annan, ex secretario general de la ONU, planteó en 2016: “A nivel internacional, la guerra contra las drogas no ha tenido éxito. Se estima que la prohibición global cuesta al menos 100.000 millones de dólares (unos 90.700 millones de euros) al año, mientras que hay unas 300 millones de personas que consumen drogas en el mundo. Esta situación favorece a un mercado ilícito internacional que mueve unos 330.000 millones de dólares al año, volumen que lo convierte en uno de los mayores mercados de materias primas del mundo. La prohibición ha tenido poco impacto en la oferta y demanda de drogas. La prohibición tampoco ha reducido en forma considerable el consumo. Los estudios han fracasado una y otra vez a la hora de establecer un vínculo entre la dureza de las leyes sobre drogas de un país y sus niveles de consumo. La criminalización y el castigo generalizados de las personas que consumen drogas -las cárceles masificadas- significan que la guerra contra las drogas es, hasta cierto punto, una guerra contra los consumidores”. La prestigiosa London School of Economics reunió un grupo de académicos, incluidos 5 premios Nobel  que emitieron un informe llamado “Después de la guerra contra las drogas” que decreta el fracaso completo del prohibicionismo y aboga por estudiar políticas de legalización y reducción de daños hacia consumidores.

¿Qué pasa en Argentina?

En Argentina el fallo Arriola de 2009 de la Corte Suprema declaraba inconstitucional la persecución policial y judicial a los consumidores. A pesar de que como jurisprudencia permite que no prosperen las causas armadas, el hecho de que no se ha modificado la penalización sigue colocando a miles de jóvenes a merced de la policía y la justicia. El gobierno kirchnerista hizo amplia demagogia sobre el tema pero nunca avanzó contra la prohibición legal. Durante la larga década kirchnerista creció exponencialmente el consumo del paco, en gran parte proveniente de cocinas instaladas en barrios que son controlados por fuerzas federales.

Mientras tanto, la larga lucha de los familiares de pacientes de distintos trastornos de salud que se benefician con tratamientos de derivados del cannabis, como epilepsia, Parkinson, Alzheimer y autismo entre otros, logró que se vote en 2017 una ley de cannabis medicinal, aunque por detrás del proyecto que la banca del Frente de Izquierda había elaborado junto a las organizaciones de familiares. Los recortes al proyecto antes de la aprobación y los límites colocados en la reglamentación han significado que no se ha facilitado el acceso legal al cannabis para los pacientes ni se ha avanzado seriamente en la investigación científica y producción estatal para ese fin.

Quienes sí han avanzado son distintos sectores empresarios que están agrupando una cámara y tratando de terciar en el debate sobre la despenalización para poder desembarcar en el negocio. Son quienes protagonizaron este año la Expocannabis en la Sociedad Rural. Al igual que la industria del tabaco y el alcohol, bajo el capitalismo todo consumo es transformado en una posibilidad de lucro, apelando a generar mediante un aparato publicitario, un producto que pueda explotar la alienación de la población, prometiendo la evasión de las duras realidades. Esto no es el camino a la “libertad”, como tampoco el alcohol es el camino a la “diversión” que prometen sus campañas publicitarias, ni el tabaco lo es al “estilo”.

La legalización de la marihuana y un programa socialista frente a las drogas

La legalización bajo el capitalismo, como la que promueven funcionarios del actual gobierno o la que ha avanzado en Holanda, Uruguay o una buena parte de Estados Unidos, operará en el marco de la brutal alienación que vive toda la población explotada bajo el capitalismo. Marx mostró, en sus Manuscritos Económico-Filosóficos, como al enajenarse la única actividad particular del humano, el trabajo, el hombre separado de su trabajo creativo sólo se siente tal en las actividades animales como comer, beber o tener sexo. La extensión del uso de drogas y alcohol es un síntoma de esa misma alienación. Adormecernos, distraernos o fragmentar nuestra conciencia no nos hará más libres. La libre disponibilidad de drogas será otra fase de descomposición social capitalista.

La salida no es la persecución a quienes lo consumen sino la investigación científica, la información sanitaria para la población y la cobertura del sistema de salud. En ese sentido defendemos la legalización. Una despenalización que deje en la clandestinidad la circulación de las sustancias prohibidas reproducirá bajo nuevas condiciones la arbitrariedad policial contra la juventud. Su aprobación marcaría una nueva fase donde los revolucionarios nos plantearemos la lucha contra la descomposición capitalista y el uso de las drogas y el alcohol para evadir la realidad y adormecer la conciencia revolucionaria de las juventudes y los pueblos. Una lucha consecuente en este sentido debe partir de una campaña sistemática contra el alcoholismo y la adicción a las drogas en el movimiento obrero y la juventud.

Planteamos un programa en defensa de la juventud y de la salud y contra el narcotráfico, así como contra el Estado capitalista que lo cobija, que se financia con él y que lo usa como mecanismo de regimentación social y que en algunos casos como en México, Colombia o en Brasil se ha constituido en un verdadero estado dentro del estado, con resultados dramáticos. Ninguna penalización judicial por el consumo de sustancias. El crecimiento de la información y práctica sobre el autocultivo de marihuana ha llegado a niveles en el cual el solo cese de la persecución policial haría caer enormemente el alcance del mercado negro de esta sustancia. La creación de clubes de cultivo, como existen en muchos países puede permitir que los consumidores se abastezcan sin recurrir a traficantes. Reclamamos la producción estatal de cannabis y sus preparados (aceite, comprimidos) para uso médico e investigación. Que se abran las cuentas de los bancos para investigar el narcotráfico y lavado de dinero. Que se traten las adicciones, tanto alcoholismo, como de la cocaína y sus derivados, en los hospitales públicos y en los programas de todas las obras sociales.