Todos los índices denotan un crecimiento de la precarización laboral y un deterioro salarial generalizado, que empobrece incluso a asalariados que desempeñan sus tareas en el mercado de trabajo formal. La falta de empleo genuino y la destrucción de los ingresos de la población trabajadora dice mucho acerca del fracaso de todos los políticos capitalistas que se han sucedido en el gobierno.

Precarización laboral

Por un lado, tenemos que en septiembre la creación de puestos de trabajo estuvo liderada por el monotributo. Según los datos del Ministerio de Trabajo, en términos interanuales, la cantidad de asalariados del sector formal aumentó un 3,7%, mientras que el trabajo independiente se expandió un 9,4%, impulsado por la categoría del monotributo. En la misma línea, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía arrojó que, desde que asumió Alberto Fernández hasta noviembre de este año, más de la mitad del empleo generado corresponde a nuevos monotributistas.

Como vemos, lo que más crece en el ámbito registrado son formas precarias de empleo, donde no existe el acceso a vacaciones pagas, licencias ni aguinaldo. Además, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), la mayoría de los monotributistas (39,2%) pertenecen a la categoría que menos dinero factura. A su vez, recordemos que muchos trabajadores en relación de dependencia figuran como monotributistas, un fraude laboral muy extendido por las patronales y el propio Estado.

También podemos mencionar la situación de los trabajadores inscriptos en el registro de la Economía Popular (Renatep), cuya nómina no para de crecer. Se trata de 3.457.669 personas (8% más que en febrero de este año) sumidas en la informalidad laboral, que se desempeñan como vendedores ambulantes, cartoneros, agricultura familiar, atención en comedores comunitarios, construcción, entre otros rubros. Son trabajadores muchas veces nucleados en cooperativas de trabajo, de las cuales las empresas y los gobiernos suelen reclutar mano de obra barata para ahorrarse la contratación de empleados bajo convenio colectivo.

En más de diez provincias la cantidad de trabajadores incluidos en ese listado supera a la de los trabajadores registrados. Es el caso de Corrientes, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Salta, Misiones, Catamarca, Tucumán y La Rioja. Este universo está compuesto en su mayoría por mujeres y jóvenes y menos de un tercio de los inscriptos es beneficiario del Potenciar Trabajo. El gobierno no solo no crea trabajo genuino para toda esta población hundida en la precariedad, sino que además está empeñado en ajustar sobre los programas sociales mientras crece la indigencia.

Según la OPC, a fines del 2021, el 32% de la población económicamente activa estaba conformada por trabajadores informales, tanto asalariados como no asalariados (changarines no monotributistas). Dentro de los asalariados no registrados, el 14% pertenecía a la construcción, el 16,7% al comercio y el 18,2% al servicio doméstico; rubros que encabezan el ranking de la informalidad laboral Argentina.

La destrucción del empleo ha llegado a tal punto, que entre 2019 y la actualidad, la cantidad de empresas con trabajadores registrados se redujo de 544.232 a 528.722, según los datos publicados por la Afip. Como correlato, avanza el trabajo precario, el desempleo y la inactividad por efecto desaliento; como viene ocurriendo con cada vez más personas en edad de trabajar pero que quedan excluidas del mercado laboral, particularmente los mayores de 40 años -como indica el informe citado de la OPC, donde se menciona además que la tasa de empleo y actividad de Argentina es inferior a la media de América latina y el Caribe, y la de desocupación se encuentra por encima.

Trabajadores pobres

El estudio de la OPC también señala que a mayor grado de precarización, peores son los ingresos percibidos. En ese sentido, el 60% de los hogares donde al menos uno de sus responsables se desempeña como no asalariado informal está bajo la línea de pobreza. Lo mismo ocurre con el 50% de los hogares encabezados por al menos un asalariado no registrado. Finalmente, la proliferación del trabajo informal, bajo la anuencia del poder político, es una de las causas que engrosa los índices de pobreza del país.

No obstante, el 20% de los hogares con al menos un asalariado formal a cargo es pobre. Lo cual evidencia que buena parte de los salarios del sector registrado no llega a cubrir el costo de vida de una familia tipo, fruto de las paritarias a la baja selladas entre las patronales y la burocracia sindical, con el visto bueno del gobierno. Sin ir más lejos, en septiembre, tanto el promedio como la media salarial del ámbito formal evolucionaron por debajo de la inflación interanual (-2,8% y 0,1% respectivamente).

Ganemos las calles

Lo expuesto ilustra de qué modo el empresariado viene aplicando la reforma laboral en los hechos, incrementando los ritmos de explotación de la fuerza de trabajo en función de acrecentar sus ganancias. Tanto el Frente de Todos como la oposición derechista están al servicio de esa orientación, en detrimento de la clase trabajadora. Necesitamos ganar las calles por un paro nacional y un plan de lucha para que irrumpa en la escena política la agenda de las mayorías.