La Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata acaba de ordenar el desalojo de la ocupación de tierras de Guernica, en el distrito de Presidente Perón, provincia de Buenos Aires. Miles de familias permanecen allí desde el pasado 26 de julio ante el agravamiento de la crisis económica que los ha dejado sin ninguna otra salida que pelear por acceder a una parcela de tierra para construir su vivienda.

Esta orden de desalojo se produce a petición del Ministerio Público Fiscal de la provincia y reafirma la línea defendida por el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, de tratar como delincuentes a los trabajadores sin vivienda y sin tierras y caerles con el peso de la ley sobre sus espaldas con una política represiva y violenta. Esto a pesar de que incluso no ha cambiando el estatus legal de los supuestos dueños, quienes siguen sin acreditar el justo título de los terrenos en cuestión.

Tal es así que, antes de resolver cualquiera de los reclamos de las más de 2.500 familias que permanecen en la ocupación desde hace un mes y medio, la Justicia ordena un desalojo violento, sin tener ninguna consideración por las 10.000 personas que se encuentran en el lugar.

Según consta en la orden, el mismo “deberá ejecutarse en fecha a determinar y deberá ser en horario diurno y no pudiendo instrumentarse en condiciones climáticas adversas”, como si esto fuera garantía de que el operativo no se convierta en una mega escenario de represión violenta a familias obreras.

Esta orden se da en medio de la polémica desatada en todo el país debido al crecimiento exponencial de las ocupaciones de terrenos como respuesta a la profundidad de la crisis que atraviesan las familias trabajadoras. Los principales voceros e interlocutores del oficialismo han señalado reiteradas veces que este es el camino a emprender contra los trabajadores, fuera de cualquier expectativa e ilusión en salidas habitacionales de las cuales no existe nada en concreto.

Al tiempo que la Justicia bonaerense avanza con esta orientación represiva, respaldada por el gobierno y la oposición patronal, se han dado otros desalojos violentos en Mendoza y Esteban Echeverría, y la amenaza de operativos del mismo rigor en La Matanza y en la mayoría de los asentamientos de estas características.

En esta dirección se apunta el refuerzo de 4.000 gendarmes para la provincia de Buenos Aires y el reconocimiento oficialista (Berni) de la justeza de los reclamos de su brazo ejecutor: la policía bonaerense.

Rechazamos esta orden de desalojo cuando aún se encuentra sin resolución la crisis habitacional y de subsistencia de miles de familias en Guernica y en todo el país. Así como denunciamos la política represiva del gobierno provincial y nacional, que no dan ninguna salida a los reclamos de miles de damnificados por la crisis económica y social.

La tierra debe ser para quienes la necesitan y no para la especulación inmobiliaria y los negocios privados con el Estado. Pongamos en pie una fuerte campaña para evitar el desalojo y para conquistar una salida urgente a los reclamos habitacionales de miles de familias trabajadoras. Por un Banco de Tierras y el empadronamiento de todas las necesidades habitacionales, que den lugar a un plan de vivienda en las tierras ociosas y fiscales.

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