Sociedad
5/6/2026
Récord de desalojos en CABA: Jorge Macri profundiza su política expulsiva y discriminadora
Este sábado 6/6, asamblea abierta en Ademys. Basta de desalojos. Por tierra, vivienda y vida digna.
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Macri.
Desde hace un tiempo se volvió parte de la vida cotidiana de la Ciudad de Buenos Aires ver escenas donde familias enteras, personas de edad avanzada, niños, niñas y personas con discapacidad se encuentran del lado de afuera, en las puertas de sus casas, a primeras horas de la mañana, con sus cosas, después de haber sufrido un desalojo por parte de la Guardia Civil y la Policía de la Ciudad.
El gobierno de Jorge Macri viene profundizando una línea reaccionaria con tintes fascistas que tiene como principales víctimas al conjunto de los trabajadores en general, pero en particular a la población de las villas, a los migrantes y a un sector de los habitantes de la Ciudad que se encuentran en situación de vulnerabilidad en materia de acceso a la vivienda. Jorge Macri ha desatado una verdadera “cruzada” contra las familias trabajadoras que padecen la crisis habitacional.
Un informe elaborado de manera conjunta entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa (MPD) acaba de sacar a la luz la brutalidad del plan ejecutado por el macrismo en el distrito más rico del país: entre diciembre de 2023 y los primeros meses de 2026 se llevaron adelante 621 desalojos, arrojando a la calle a 4.482 personas, entre las cuales se encuentran 1.409 niñas, niños y adolescentes. El dato de las infancias es categórico: cinco pibes cada tres días se quedan en la calle. Entre el 5 de octubre de 2023 y el 5 de marzo de 2026 hubo más de un desalojo por día hábil.
El informe revela no solo el aumento de los casos, sino la transformación radical en la naturaleza de los operativos. El GCBA ha estructurado una "vía rápida" para eludir los tiempos, las mediaciones y el –aunque sea formal- derecho a la defensa de los juicios de desalojo tradicionales. La herramienta predilecta de esta ofensiva es la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias, dirigida por Walter Gómez Diz –dependiente del Ministerio de Seguridad-, que utiliza de forma fraudulenta la figura de "clausura total" por riesgo edilicio para vaciar conventillos, hoteles e inmuebles recuperados de manera inmediata y sin orden de un juez.
El uso de clausuras totales (que exigen la evacuación completa e inmediata del inmueble alegando peligros estructurales o de emergencia) escaló de representar apenas un 2% en 2024 a un 56% en los primeros meses de 2026. El proceso de desalojo por la vía judicial, que ya presentaba arbitrariedades, es reemplazado por el desalojo “administrativo”, en donde ni siquiera hay protocolos ni instancias que garanticen derechos mínimos a la población afectada. Durante lo que va de 2026 se puede constatar una creciente intervención de la Jefatura de Gabinete del GCBA instando “inspecciones” de la Guardia Civil en un 33% de los desalojos ejecutados por supuestos “peligros de derrumbe”. Es decir, el Ejecutivo de la Ciudad interviene de manera directa en este proceso.
El propio gobierno porteño admitió formalmente ante los pedidos de informes presentados que no cuenta con un protocolo unificado de actuación, carece de un registro centralizado de los desalojados y no realiza ningún tipo de seguimiento sobre el destino de las familias. Las políticas se reducen al ofrecimiento de ingreso a un Centro de Inclusión Social (CIS) o a la incorporación al Programa de Apoyo a Personas en Situación de Vulnerabilidad Habitacional. El subsidio habitacional contemplado en el decreto 690 es de acceso completamente limitado: las personas desalojadas suelen enfrentar dificultades insalvables –en el contexto de urgencia generado por el propio desalojo- para obtener presupuestos y acreditar las condiciones requeridas, sumado al hecho de que los montos otorgados no alcanzan para cubrir un alquiler.
La política de expansión de los desalojos contrasta con la nula política de oferta de vivienda popular en la ciudad. Los sectores de menos recursos, que habitan en hoteles, conventillos e inquilinatos –la población afectada por los desalojos- tienen que optar entre conseguir una vivienda en un inquilinato informal en algún barrio popular (donde la obra pública está paralizada y hay enormes carencias de servicios básicos), alejarse de la ciudad (rompiendo la dinámica de las familias) o, en algunos casos, terminar en situación de calle. El propio informe oficial revela que, en el último censo realizado el 12 de noviembre de 2025, el GCBA contabilizó 5.176 personas en situación de calle, de las cuales 3.563 se encontraban alojadas en CIS y 1.613 en calle efectiva.
En los últimos cuatro años, la cantidad de personas en situación de calle se duplicó. Por su parte, las organizaciones que trabajan con personas en situación de calle aseguran que esta cifra representa menos de la mitad de quienes se encuentran sin techo. Se trata de una política deliberada que empuja a miles de trabajadores a la situación de calle para liberar suelo urbano en favor de la especulación inmobiliaria y los pulpos constructores.
Frente a esta situación se vienen desarrollando distintos espacios de organización. La Coordinadora contra los Desalojos y por la Vivienda –de la que somos parte el Polo Obrero y el Partido Obrero- convoca este sábado un plenario en Ademys con el objetivo de discutir entre vecinos afectados, organizaciones sociales, de jubilados, estudiantiles, sindicatos y otras, un plan de acción para enfrentar esta ofensiva que Macri lleva adelante en la ciudad y que es apuntalada por la política del gobierno nacional. El oficialismo impulsa en el Congreso un proyecto de ley de “inviolabilidad de la propiedad privada” que habilita desalojos exprés.
Frente al hacinamiento y los alquileres impagables, se vuelve urgente la organización independiente de los vecinos en los barrios para poner en pie un verdadero plan de viviendas populares.
