En la madrugada del domingo 8 se produjo una toma en el complejo de viviendas de lo que fuera el plan “Sueños Compartidos”, que pretendía urbanizar el Barrio Almirante Brown, más conocido como Villa Garrote, que se encuentra ubicada en el centro del distrito de Tigre.

Esta situación es producto de la falta de de una política concreta de viviendas, así como del agravamiento de las condiciones sanitarias en medio de la pandemia. Villa Garrote viene de sufrir un brote de casos de Covid-19, hace unos meses, por las condiciones de hacinamiento que se vive en el barrio

Según el último censo en El Garrote viven unos 2.500 habitantes en 800 hogares, y solo alrededor del 60% tienen agua corriente dentro de su casa, dificultando ya desde el vamos la higiene necesaria. La estructura del barrio es altamente precaria y la mayoría de sus habitantes viven del trabajo informal.

A ello se suman los problemas sanitarios endémicos en el barrio: todos denuncian sufrir, por la presencia de basurales, olores fuertes y desbordes cloacales.

La situación de miseria y hacinamiento, al igual que en otros barrios precarios como San Jorge, es responsabilidad del gobierno provincial de Axel Kicillof y municipal de Julio Zamora.

La respuesta del municipio y el gobierno provincial fue la militarización del predio ocupado, que es la política que viene llevando el gobierno contra las recuperaciones de tierras, como sucedió en el desalojo en Guernica y también había sucedió previamente en Don Torcuato, Victoria y Escobar, recientemente.

Tigre es uno de los distritos más ricos de la provincia de Buenos Aires, con un presupuesto municipal que en 2019 rondó los $10.000 millones. Allí están radicados grandes emprendimientos inmobiliarios, cómo Nordelta y más del 40% del territorio está ocupado por countries y barrios privados, que pertenecen a grupos empresarios de la construcción de los más ricos del país.

Para enfrentar el problema habitacional es necesario terminar con la concentración del suelo urbano en manos de los especuladores, e implementar de manera inmediata el Banco de Tierras municipal, postergado desde hace más de una década. El mismo debe exigir el efectivo cumplimiento de la disposición del 10% de las tierras de todo gran emprendimiento inmobiliario para el Banco de Tierras, y la concentración de toda tierra fiscal y ociosa del distrito, para destinarla al desarrollo de planes de viviendas para la población. Es imprescindible que se impulsen, de manera efectiva, programas de viviendas capaces de dar respuesta al masivo déficit habitacional.

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