En la mañana del miércoles 2 de diciembre el municipio mendocino de Rivadavia, con el aval de la Justicia, procedió a ingresar a un asentamiento denominado El Dalviancito con topadoras y un importante despliegue policial para garantizar el derrumbe de las primeras viviendas. Este asentamiento es el espacio donde al menos una veintena de familias montaron sus precarias viviendas, ocupando terrenos de la exGancia,

Estas familias trabajadoras llevan muchos años viviendo a su suerte: sin servicios de agua y gas, sin poder acceder al servicio de electricidad y con nula asistencia del municipio.

Ante el desalojo, el municipio ofreció unos terrenos en el barrio San Isidro Sur, para que montaran lo que pudieran allí. Esos terrenos se encuentran del lado opuesto del departamento, y se permitiría momentáneamente su permanencia allí hasta que el gobierno encontrase alguna solución habitacional.

El intendente Miguel Ronco vuelve a poner de relieve que su política contra el acceso a la vivienda digna en el municipio. Esto deja no solo a las familias que residían en El Dalviancito a la deriva, sino que a muchas más que también reclaman por un plan de vivienda y urbanización, como son las vecinas del barrio La Línea, con las compañeras del Polo Obrero a la cabeza. Son las mismas familias que levantan comedores populares para darle de comer a cada familia de las barriadas carenciadas.

Cabe destacar la situación alarmante en todo el país con una pobreza que se acerca al 50% de la población, la falta de empleo y la creciente inflación que golpea a los sectores más vulnerables de la sociedad. El Estado desnuda su verdadero carácter de clase a la hora de dejar sin techo a las familias en el marco de una emergencia sanitaria y depresión económica.

Hace unos días, cuando se trató el presupuesto comunal, el presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Di Cesare, expresó su deseo de “concretar una ruta del sur que conecte Rivadavia, San Martín, General Alvear y San Rafael, para el turismo, a través del presupuesto de obra pública” del municipio. Sin las condiciones materiales de existencia, vivienda digna, agua potable y servicios esenciales para la vida no hay proceso alguno de desarrollo para las familias de las barriadas obreras. Este proyecto pinta de cuerpo entero que la dirigencia política no está ni estuvo a la altura de transformar la realidad y el bienestar social de todas las familias trabajadoras del municipio.

Reclamamos el fin de los negociados privados de la obra pública, que mantiene el municipio con las constructoras, anteponiendo un plan de vivienda y obras que garantice el acceso a todos los servicios, ejecutado directamente por el municipio, sin privados, y discutido con los vecinos y los trabajadores del sector de obras públicas. Así mismo, reclamamos la aplicación de un impuesto a los grandes terratenientes y petroleras del municipio para financiar el mismo y para que ninguna familia sufra el quedarse en la calle.

https://prensaobrera.com/politicas/mendoza-una-ley-que-castiga-a-las-familias-que-luchan-por-la-tierra/