En los primeros dos días del año estalló la bronca en varios barrios de la ciudad de Salta y en algunas localidades del interior por la falta de agua. Ya desde el mismo 1 de enero se organizaron distintas medidas de protesta como cortes de calles y piquetes en distintas zonas de la ciudad, y el miércoles 5 confluyeron vecinos de distintos barrios en una movilización hacia la empresa Aguas del Norte, al tiempo en que se producía también una gran movilización en Rosario de La Frontera.

Esta situación no es nueva. Aguas del Norte tiene tradición de estar en el centro de las denuncias por el abandono a numerosas barriadas, no solo por cortes nocturnos, sino también por la falta total del servicio y en algunas zonas por semanas, además del colapso del sistema de cloacas.

Los reclamos explotaron en la semana de fin de año, período en el que se registraron las más altas temperaturas, el pico de la pandemia de Covid con las nuevas variantes con un récord de casi 1.000 casos por día y un rebrote de salmonella. Las protestas son la consecuencia de un proceso de denuncias canalizadas de distintos modos durante el año, desde cortes de ruta, asambleas barriales, elevación de petitorios, reuniones con distintos organismos del gobierno y una gran movilización rechazando el tarifazo del 60% que solicitaba la empresa en octubre del año pasado.

Finalmente el tarifazo fue del 29 % concedido por el gobierno en medio de la oleada de denuncias por la falta de servicio o por recibir agua contaminada. Los reclamos llegaron desde toda la provincia, con situaciones gravísimas como las de las comunidades originarias del norte de la provincia con desnutrición y muerte infantil que, o no tienen agua, o la reciben contaminada.

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El acceso al agua potable para el pueblo de Salta es incompatible con el régimen parasitario que gobernó la provincia desde siempre y que continúa con Sáenz. La estructura jurídica de la empresa proveedora de agua potable, como una sociedad anónima a pesar de ser propiedad del Estado, busca deslindar la responsabilidad de este de hacer las obras necesarias para garantizar el servicio y apela a un esquema tarifario donde sean los usuarios los que carguen con el costo de las obras, lo que claramente se demostró inviable. Además, esta forma jurídica conlleva a que se destinen decenas de millones de pesos a pagar impuesto a las ganancias, cuando podrían usarse para algunas de las obras necesarias.

Con maniobras y provocaciones el gobierno busca desmovilizar

La respuesta por parte del gobierno fue convocar una mesa del agua a través del Ente Regulador, que se reunió el mismo día y horario en que la movilización popular se dirigía a la empresa. La mesa está compuesta por los Ministerios de Economía y Servicios públicos, el Ministerio de Infraestructura, Secretaría de Recursos Hídricos, Edesa (empresa de energía), Aguas del Norte y Ente regulador de servicios públicos. Es claro que fue una maniobra para desmovilizar y amagar que habrá cambios, cuando todo seguirá igual.

Mientras tanto, el presidente de Aguas del Norte, García Salado, lanzó todo tipo de provocaciones contra los vecinos movilizados a los que acusa de organizarse por lo que él considera un “capricho”: tener agua las 24 horas del día. Además, dejó en claro que pretende que los vecinos que sufren los cortes paguen igualmente la totalidad de la boleta.

En tanto, la movilización a la empresa tuvo los resultados ya sospechados por los usuarios. Los funcionarios de segunda línea (García Salado estuvo ausente) reconocen que la empresa no tiene fondos para hacer frente a la infraestructura necesaria para garantizar el acceso al agua potable las 24 horas con presión necesaria, y que dependen de un plan de inversión de la provincia para la ejecución de obras. Afirmaron que seguiremos con bajísima presión y cortes todos los días. Ante este panorama, los desafíos son seguir los pasos de las distintas barriadas, reforzando la organización e impulsando la unión de todos los barrios de capital e interior que tienen los mismos reclamos porque solo de esa manera se conquistará el derecho universal al agua potable las 24 horas del día.

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