La Sala II del Tribunal de Juicio de Orán (Salta) le otorgó la prisión domiciliaria al exobispo Zanchetta, quien fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, por abusos cometidos contra dos seminaristas. El tribunal alegó razones de salud, aunque las víctimas descreen de esta versión y hasta sospechan de informes médicos armados.

Cuando al fin, luego de una tenaz lucha de las víctimas y sus familias, se obtuvo la condena a Zanchetta, ahora es beneficiado con una prisión domiciliaria que no tiene domicilio, va a una casa de retiro para sacerdotes ancianos, dentro de un convento. Pero en ese hogar vive el sacerdote Buttu, quien fue uno de los denunciantes de Zanchetta en la investigación canónica.

Este domicilio fue presentado ante la Justicia por el actual obispo de Orán, Luis Scozzina, que conoce absolutamente todo el caso. Buttu actualmente está fuera del país por razones de salud y cuando regrese se encontrará a Zanchetta viviendo en su misma residencia.

Pero lo más grave es que las víctimas de Zanchetta denuncian que en ese convento residen monjas de clausura, asisten muchos fieles porque se celebran misas, van también monaguillos y niños que cursan el catecismo. La decisión del tribunal de Orán no solo es repudiable por la impunidad misma que produce un caso como este, también porque está exponiendo a niños a un abusador condenado. No quedan dudas que la Iglesia salteña digita totalmente la justicia local.

El beneficio está a la altura de lo que ya hizo la Corte de Sáenz, que dejó impune a los curas Lamas y Aguilera, a quienes se les otorgó la prescripción por lo cual ni siquiera serán juzgados por los abusos que cometieron.

Más que nunca urge separar a la Iglesia del Estado, porque en toda Argentina, pero particularmente en Salta, la Justicia es un botín de la iglesia y la oligarquía conservadora. Queremos a Zanchetta en cárcel común, como corresponde. Que ningún cura quede impune.