Mientras se sigue procesando el escándalo por los negocios de la salud privada con la venta de plasma, un informe del Ministerio de Economía salteño sobre los gastos del Estado en el “combate” al Covid-19 muestra lo que facturaron los hoteles y hostales que albergaron a las personas que debían cumplir aislamiento. En el listado aparece el Arzobispado de Orán, cobrando dos partidas de $170.100 y $264.600 (un total de $434.700) por brindar servicio de hotelería en la casa de retiro de la ciudad de Orán.

La noticia cayó muy mal entre la población. Contrasta con todo el enorme esfuerzo que hizo la comunidad, que empezó su lucha haciendo campañas solidarias y lograron comprar oxígeno, medicamentos y hasta indumentaria de bioseguridad para el hospital. Mientras que desde la casa de retiro aseguran que los fondos fueron usados para sostener el hospedaje y la comida de los repatriados y de gente del programa Volviendo a Casa, los vecinos afirman que la comida está a cargo de la Municipalidad, que envía las viandas todos los días.

 

 

Lo que no dice el cura a cargo, Edgardo Argüello, es que el Arzobispado recibe mensualmente ingresos muy importantes del Estado, como lo señala la nota de investigación de El Tribuno del 26/5/19. El Obispado oranense cuenta con varias propiedades en el pueblo, como la casa de retiro espiritual Nuestra Señora de las Angustias del Zenta, que ocupa toda una manzana. También cuenta con oficinas cerca de la terminal de ómnibus, alquiladas a la Intendencia de Parques Nacionales para la reserva nacional de Pizarro y a unas radios. La escuela de música de Orán también es inquilina del Obispado, en este caso la provincia es quien paga.

Parece ser que aunque ya no esté Gustavo Zanchetta, el arzobispado de Orán sigue facturando al Estado. Cuando, hace unos años, el exgobernador Juan Manuel Urtubey le entregó la administración del hogar refugio para víctimas de violencia de género, se firmó un contrato como con cualquier empresa tercerizada que vende un servicio. Finalmente no cumplieron con el “servicio”, ya que Zanchetta se fue de la noche a la mañana, huyendo de las denuncias de abuso y dejando deudas con proveedores y salarios atrasados a las operadoras y empleados del hogar.

Zanchetta está acusado de abuso y de malversación de fondos tanto en la Justicia ordinaria como canónica, denunciado por otros curas por ventas de inmuebles no declaradas. Los mismos sacerdotes aclaran que para este accionar contaba con la anuencia del Papa Francisco.

La Justicia salteña abrió ahora una investigación para determinar si constituye un delito el acto de cobrar como un hotel, cuando no lo es. Es un resultado del descontento popular, que además de en acciones solidarias se ha manifestado en dos masivos cacerolazos.

Hay que separar a la Iglesia del Estado, terminar con los privilegios de sostenimiento económico, y deben recuperarse los inmuebles entregados a esta institución para destinarlos a atender la emergencia sanitaria del Covid-19. Mientras los hospitales arman carpas para atender a los enfermos, la Iglesia cuenta con edificios enormes.