El 8 de octubre se registró una nueva muerte en el vertedero San Javier. Esta vez fue un joven llamado Facundo Velas de 21 años, padre de un niño de 1 año, que se desempeñaba como recuperador de materiales reciclables. La actividad que realizaba se hace de manera muy precaria dentro de la trinchera I, lugar donde los camiones recolectores depositan los residuos e inmediatamente actúan las maquinas trituradoras y luego las topadoras para el tapado del mismo, exponiendo su vida y de todos sus compañeros.

La trinchera está totalmente colapsada, su vida útil finalizó en el año 2000. La volvieron a poner en funcionamiento debido a que nunca hubo inversión de parte de la empresa Agrotécnica Fueguina y también por la falta de control de la municipalidad de Salta.

La empresa que fue la mimada de los últimos 23 años por los diferentes gobiernos municipales , desde el ex intendente Miguel Isa, Sáenz y ahora Bettina Romero , que la beneficiaron otorgándole la renovación automática del contrato pese a las innumerables denuncias e incluso frente a un recurso de amparo presentado el 22 de agosto del 2017 por los vecinos de la zona sudeste denunciando contaminación ambiental. Agrotécnica además se lleva la cuarta parte del presupuesto anual de la capital salteña, nada menos que 10 millones de pesos diarios.

Todos los niños de la zona sudeste presentan enfermedades asociadas a la contaminación del aire, agua y tierra, como por ejemplo alopecia, diarrea, vómitos y problemas respiratorios. Hay estudios universitarios que lo confirman. Esto es debido a la cercanía del vertedero a viviendas familiares, violando la ordenanza vigente que establece una distancia de 500 metros como mínimo.

La falta del certificado de impacto ambiental y seguro ambiental, dos requisitos fundamentales para legitimar la actividad que realiza, nunca fueron presentados. Se avaló el funcionamiento del predio si tener la barrera forestal correspondiente, el cercado perimetral superior al montículo de basura acumulada, permitiendo así la voladura de plástico a los barrios aledaños. Siguen sin recolectar el 100% de los líquidos lixiviados, y ni siquiera cuentan con la habilitación de la trinchera número IV, entre otras graves irregularidades. La empresa jamás fue multada por el incumplimiento de contrato.

El juez Domínguez intimó a la empresa a presentar la documentación faltante hasta el día 10 de junio de 2018. Nada de eso se efectuó. También se determinaron multas semanales sobre el patrimonio personal del secretario de servicios públicos de ese momento, Gastón Galíndez, y del director general de servicios públicos, Normando Zúñiga. Hasta la fecha no se tiene conocimiento que se haya concretado esta resolución.

Agrotécnica Fueguina tiene registrado 300 trabajadores recicladores organizados en 3 cooperativas pero, debido a la extrema pobreza, hay alrededor de 500 personas entre adultos y niños “viviendo” del basural. No cuentan con indumentaria, ni herramientas necesarias, mucho menos con baños para higienizarse.

Frente a esta nueva muerte la respuesta fue el desalojo de un pequeño asentamiento vecino al vertedero, a cuyos habitantes por supuesto no le otorgaron un lugar apto para vivir ni mucho menos una salida laboral.

Hay que terminar con el parasitismo de esta empresa, bancada por todo el régimen oligárquico que gobierna la provincia y la ciudad. Agrotécnica Fueguina debe ser expropiada y puesta a funcionar por el Estado bajo control de los trabajadores.

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