En vísperas de Navidad, el juez de Garantías Diego González Pipino dictó la orden de detención y la extradición contra el sacerdote Alessandro De Rossi. El cura estuvo entre 2008 y 2013 en una vicaría en el barrio San Isidro de la capital salteña, lugar donde funcionaba un comedor y se realizaban tareas comunitarias con niños de escasos recursos.

 

A lo largo de una investigación de dos años se juntaron pruebas que comprometen gravemente al sacerdote en varios casos de pedofilia. El cura, de origen romano, volvió a su país hace apenas unos meses, lo que lo coloca en una situación beneficiosa, ya que Italia resiste generalmente las extradiciones de los elementos de la curia que son requeridos por diferentes motivos. Cuesta mucho no asociar su viaje al avance de las investigaciones.

 

El verborrágico arzobispo salteño, Carginello, en esta oportunidad se llamó a silencio.

 

La curia encubrió los casos más escandalosos en nuestro país, como el de Grassi. En Catamarca, el cura abusador de Fiambalá está resguardado en el arzobispado de San Fernando. Igual destino corrió hasta ahora Irrazábal, el cura entrerriano acusado de múltiples abusos a seminaristas. Mientras en todo el país, oficialistas y opositores le brindan honores al papa Francisco, los curas pedófilos siguen gozando del pleno reconocimiento de la cúpula vaticana. Las medidas tomadas por Francisco -2.500 excomulgaciones y 800 enclaustramientos de algunos de los pedófilos denunciados- muestran los alcances potenciales de la cantidad de abusadores que existe en la curia, el trato preferencial que el Vaticano sigue teniendo con muchos de ellos y la continuidad del reconocimiento para ejercer funciones sacerdotales, incluso de condenados como ocurre con Grassi y Mercau en nuestro país.

 

No queremos más niños víctimas del abuso de las autoridades clericales, que la asistencia social del Estado no se tercerice a través de la Iglesia, que los curas pedófilos vayan a la cárcel sin privilegios -como los que hoy goza Grassi- y por la definitiva separación de la Iglesia del Estado. El arzobispo de Salta está inhabilitado para dar recomendaciones sobre la moral y las normas de convivencia, cuando su propia institución está recorrida no sólo por abusadores, sino de impunidad y de encubrimiento por parte de las autoridades.

 

Desde los diferentes escaños parlamentarios que ocupa el Partido Obrero local, presentaremos pedidos de informes sobre los niños derivados por la Justicia y otros poderes a instituciones clericales, y reafirmaremos el laicismo que debe primar reclamando la separación de la Iglesia de la educación oficial.