La provincia y el país se siguen conmoviendo por nuevas muertes de niños por desnutrición (suman 6 en lo que va del año). En el medio aparecen los testimonios como el del Dr. Franco, el único médico de Misión Chaqueña para atender a 6.000 habitantes:

“Hay un plan de exterminio planificado para que los indígenas abandonen las tierras que ocupan desde hace 5.000 años y un esfuerzo enorme para que no se visibilice… como no lo pueden hacer con balas porque queda ´muy feo´, impiden que se eduquen, que tengan medios para sobrevivir y mejorar en esta sociedad… el año pasado tuvimos 10 niños con bajo peso y 40 en riesgo… logramos que mejoraran cuando empezamos con ollas populares los sábados y con un merendero…”(El Tribuno, 29-2)

La pobreza extrema, la falta de acceso al agua, a los alimentos y a la atención sanitaria constituyen una endemia para varias decenas de miles de miembros de las comunidades aborígenes de Salta. Se los ha expulsado de sus tierras, lo que impide que puedan subsistir en los términos de su cultura. La extensión del modelo sojero a las áreas del chaco salteño en los últimos 15 años multiplicó y extendió este proceso de usurpación. Sin inserción laboral, en la mayoría de los casos quedaron a expensas de la asistencia del estado que es miserable y no tiene carácter universal.

Una vez más… declaran la “Emergencia socio-sanitaria”

Frente al escándalo, el gobierno Sáenz convocó a una reunión multisectorial cuyo resultado fue declarar la emergencia socio-sanitaria, como lo hiciera Urtubey en varias oportunidades. El decreto no establece ninguna medida en concreto para atender la emergencia, sino facultades extraordinarias para que el gobernador disponga recursos (todas las cuales ya están establecidas para casos como este).

En anteriores crisis, Urtubey, que ahora observa lo que pasa desde una playa en España a donde se fue a vivir para estar lejos de las criticas a su nefasto legado, aprovechó la “Declaración de Emergencia” para celebrar convenios y desviar cuantiosos fondos públicos en favor de la nefasta fundación del Dr. Albino, que ningún funcionario del actual gobierno se atrevió a cuestionar a pesar de que están a la vista los desastrosos resultados de su actividad.

De las medidas que tomaría Sáenz sólo sabemos que ha puesto al ejército a repartir agua (como si fuera esta su aptitud o función) más con el propósito de reinsertar o reconciliar la institución militar con la población, en línea con la designación del mayor Pulleiro, como ministro se seguridad, que fuera comandante de la brigada del ejército en Salta hasta hace poco.

Las declaraciones del Dr. Franco ponen de manifiesto que el sistema de salud está desmantelado en la zona. Desde el PO llevamos años reclamando por la designación de médicos de dedicación exclusiva al hospital público, con salarios y vivienda que hagan viable su instalación en las comunidades. Lo mismo vale para el resto de los profesionales y técnicos de la salud. La asistencia alimentaria tampoco es sistemática ni existe control de la misma por las comunidades. La imagen de un helicóptero arrojando bolsones sobre las comunidades durante el gobierno de Urtubey recorrió el mundo y grafica el carácter de la asistencia alimentaria que reciben. Nada hay en la declaración de emergencia que vaya a resolver siquiera estos problemas de la asistencia sanitaria y alimentaria.

Menos aún, por supuesto, el régimen de Sáenz con un gabinete poblado de oligarcas (el ministro de la Producción es el representante máximo de los sojeros, presidente de la cámara de diputados es el presidente de la cámara del tabaco) podrá dar salida a la cuestión de fondo que condena a los aborígenes a la pobreza y la muerte por hambre.

El norte salteño lleva cien años de producción petrolera, pública y privada pero en todo este tiempo no se ha garantizado el agua potable no solo para las comunidades aborígenes sino para los habitantes de Tartagal Mosconi y otras localidades en donde viven 250.000 personas en total. Es una explotación capitalista, completamente saqueadora y parasitaria la que multiplica la pobreza, el uso del suelo con el modelo sojero con sus lastres de contaminación ambiental y solo 2 empleos por cada 1.000 ha. ha hecho el resto.

Sin proceder a una reorganización social en función de los intereses de los trabajadores criollos y aborígenes estatizando bajo su control los principales recursos no habrá fin a la pobreza estructural. La salida es el fin del régimen oligárquico de los Romero, Sáenz, Urtubey y Cía. Batallamos por un conjunto de medidas de asistencia inmediata para frenar las muertes, en el marco de esta salida de fondo.