El gobierno pejotista de Sergio Uñac realiza propaganda electoral haciendo gala de su plan de obras públicas, en este caso para construir viviendas. En los medios de prensa, sus funcionarios anunciaron que “el Estado está presente, siempre teniendo en cuenta la demanda habitacional y respondiendo con una actividad constructiva fuerte y paliativa” y que durante su gestión, desde el año 2015, “hay un promedio de entrega de entre 2.000 y 2.500 viviendas por año” (Diario El Constructor, 31/1).

Si analizamos los números del propio gobierno, y tenemos en cuenta las afirmaciones del arquitecto Marcelo Yornet, director del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), referidas a que en el Instituto hay inscriptos 80.000 grupos familiares, en una provincia como San Juan, que tiene 800.000 habitantes, se satisfaría la demanda habitacional de los sanjuaninos solamente inscriptos en… ¡40 años!

En tanto, los sanjuaninos siguen viviendo hacinados en viviendas en pésimas condiciones de habitabilidad, barrios mal construidos por el propio Estado, y con pagando cuotas inalcanzables para sus enflaquecidos bolsillos.

Las viviendas del IPV empeoran su calidad y seguridad año tras año, con el agravante de que se encuentran en una provincia con alto riesgo sísmico. El 20 de enero, las viviendas del Ingeniero Céspedes que se entregaron a los damnificados por el terremoto del 2021, apenas un mes antes, tras una lluvia, se inundaron debido a una “una aparente mala construcción” (…) “ya que ingresó agua tanto por el techo como por debajo de la puerta” (Diario Huarpe, 20/1/2023).

Además, vecinos se quejaron por el mal funcionamiento de los calefones solares, ya que cuando hace mucho calor el agua hierve y quema a los chicos que juegan en la vereda. Esto, que afecta a casi la totalidad de los vecinos, se debe a fallas en los termostatos y/o válvulas de alivio de los calefones. Ante este problema, Yornet aclaró con total liviandad que los vecinos deben aprender a utilizar el sistema rápidamente.

Lo cierto es que todos los barrios del IPV están siendo entregados con calefones solares, lo que aparentemente debería ser una mejora económica y ambiental, pero la avaricia de los capitalistas y sus funcionarios títeres parece no tener límites.

También es habitual que las viviendas sufran agrietamientos en pisos o paredes, ya sea por estar mal asentadas y/o estar construidas en terrenos no aptos y/o por mala calidad de los materiales. Estas fallas de construcción y/o de mobiliario son comunes en todos los barrios entregados por el IPV.

A su vez, lo que invierte el gobierno sanjuanino en estos planes de vivienda es apenas el 20% del costo total y es destinado a urbanización del barrio (calles, cordón cuneta, aceras). ¿Quién se queda con el vuelto del monto del 80% invertido del erario nacional?

En la actualidad, la provincia recorta esos costos, con la entrega de barrios sin acequias para el riego de los árboles, solamente con cordón cuneta, lo que condena a los vecinos a vivir en un microclima aun más árido que el resto del clima provincial, ya que en San Juan es imprescindible el arbolado urbano y su riego complementario.

De esta manera, el gobierno abandona el mantenimiento del bosque urbano, imprescindible para una provincia como San Juan. El resultado de esta política es vecinos viviendo en un ambiente árido sin posibilidades de amortiguar las altas temperaturas.

Estas viviendas baratas y mal construidas se construyen de acuerdo al estrato socio-económico de los trabajadores. Se cumple a rajatablas el contenido del Art. 17 de la Ley N°196-A del IPV, que determina que “la construcción será de carácter económico (…) de acuerdo a las características técnicas y costos que para cada estrato socio-económico determine el Instituto en su Plan Anual de Obras”.

Por si esto fuera poco, la ley del IPV, en su articulado, establece que es causal de revocación de las adjudicaciones “que los moradores mantengan una conducta contraria a la moral o a las buenas costumbres”. ¿Quién establece la moral y las buenas costumbres?

También sería causal de revocación de la adjudicación, según la Ley N°196-A, que el adquirente incurra en mora en el pago de ¡tres cuotas!

Para frutilla del postre, el índice de Unidad de Vivienda (UVI), por el que se actualiza el valor de la cuota, está atado al valor que mejor represente el costo de construcción de viviendas en el mercado, el cual, como sabemos, es uno de los que más aumentó (un 97,6 % en el 2022, porcentaje que está por encima de la inflación del mismo año, que fue de un 94,8%).

Los planes de viviendas con cuotas de $13.400 promedio son inviables en una provincia con 40 % de pobreza, altos índices de desocupación y/o subocupación, y trabajadores registrados con sueldos básicos bajo la línea de indigencia. Este es el Estado presente al que representa el funcionariado uñaquista.

Es necesario dar una urgente respuesta a las necesidades habitacionales de la población y decir basta a los negociados de unos pocos. Se hace indispensable un plan de viviendas para el pueblo trabajador, financiado con un impuesto permanente y progresivo a la vivienda ociosa y a los desarrolladores inmobiliarios, rompiendo con el FMI y repudiando la deuda usuraria.

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