Los vecinos y vecinas del asentamiento El Nuevo Salitral de la ciudad de Santa Rosa vuelven a estar en pie de lucha ante un nuevo intento de desalojo en los terrenos que ocupan hace tres años, y que al día de hoy habitan plenamente junto a sus familias.

Durante el jueves 5 y el viernes 6 de mayo realizaron piquetes en los accesos al barrio reclamando la presencia de funcionarios municipales y provinciales para que den una respuesta a las casi 30 familias que allí habitan. A  pesar de la enorme repercusión mediática que tuvo el reclamo, los funcionarios no fueron.

El año pasado las familias del barrio ya habían protagonizado una serie de manifestaciones hacia el municipio reclamando tierra para vivir y servicios básicos para el barrio como la luz. El intendente camporista Di Nápoli,que en el 2019 se paseó por el asentamiento para la campaña electoral que le permitió al Frente de Todos (Frente Peronista Pampeano) recuperar la intendencia, les cerró la puerta a sus reclamos.

En aquel momento, Di Nápoli declaró estar en contra de la toma de tierras, le pasó la pelota al Instituto Provincial de la Vivienda (Ipav) y apuntó contra el Partido Obrero que intervino en la lucha junto a las familias del barrio.

Una lucha que se refuerza

Esta vez los vecinos alertaron un posible desalojo debido a la notificación que les hizo llegar el Poder Judicial, en la que se les informa a siete familias del barrio que se retoma la causa para avanzar en el desalojo de sus terrenos, motorizada por un abogado de apellido Márquez que reclama esas tierras.

Los vecinos y vecinas del Salitral rápidamente denunciaron públicamente la situación y llamaron a la solidaridad de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para debatir un plan de lucha contra esta nueva embestida.

En la asamblea convocada por los vecinos se hizo un repaso de todas las maniobras que el gobierno llevó adelante durante todo este tiempo para intentar echarlos: amenazas, ofrecimiento de dinero o alquileres temporarios, incluso presionando a través de sus trabajadoras sociales. También se recordó el nefasto comunicado de Juntos por el Cambio (PRO-UCR) que exigía que se avance con el desalojo en nombre de la defensa de la propiedad privada.

Desde el Partido Obrero denunciamos la responsabilidad del Estado y de todas las fuerzas políticas que han gobernado. Tienen todas las herramientas legales para resolver el conflicto. Pero la desidia viene por el lado de que todos ellos aplican el ajuste (“no hay plata”, “el municipio no tiene herramientas”, “es un problema entre privados”) y empobrecen a las familias trabajadoras que son empujadas a tomar tierras ante la imposibilidad de pagar un alquiler o acceder a un terreno.

Alertamos que no es una medida judicial aislada de los supuestos dueños, sino que la negativa a resolver la situación responde a la gravedad de la crisis habitacional en la provincia (20.000 familias inscritas en el IPAV) y de los negociados inmobiliarios. Por eso la consigna de “tierra para vivir, no para los negociados”. Nos encontramos ante un problema político donde la justicia actúa como su rueda auxiliar.

Los intereses del gobierno y de los privados se contraponen completamente con los intereses de las mayorías populares que necesitan una respuesta urgente ante el enorme déficit habitacional.

En asamblea estamos discutiendo los pasos a seguir en la próxima semana. La Marcha Federal de la Unidad Piquetera será un canal de organización para arrancar los reclamos. Reforcemos el plan de lucha contra cualquier intento de desalojo, por el derecho al acceso a la tierra y la vivienda para las familias de El Nuevo Salitral!.

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