El gobierno recortó en $50 mil millones el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat hasta fin de año, lo que equivale a una poda del 30% del dinero que faltaba ejecutar hasta diciembre. Esto, cuando la crisis habitacional azota a 3,5 millones de hogares y el acceso a la vivienda está vedado para gran parte de la población trabajadora.

Según los últimos datos del Indec, en el 22,3% de los hogares se vive en situación de hacinamiento, el 17,8% de los mismos posee una calidad de materiales insuficiente, el 11,5% cuenta con un saneamiento inadecuado, 400 mil se hallan cerca de basurales y 600 mil se ubican en zonas insalubres. Por otra parte, el 43,6% no accede a algún servicio público.

A su vez, el 17,3% de la población es inquilina, mientras el precio de los alquileres es cada vez más prohibitivo para el bolsillo popular. En Argentina existen al menos 4.228 villas y asentamientos en todo el territorio nacional, y, solo en Ciudad de Buenos Aires, 2.573 personas viven en situación de calle.

Como vemos, ajuste del gobierno en este área consiste en un nuevo golpe al derecho a la vivienda de la población. Recordemos que de las 55 mil viviendas que Alberto Fernández prometió finalizar para mayo 2021, al día de hoy solo se terminaron 780. A su vez, el Ejecutivo nacional y los mandatarios provinciales han actuado en todo momento a favor de los especuladores inmobiliarios, reprimiendo cada una de las luchas populares en reclamo de “tierra para vivir”.

Debemos quebrar en las calles esta política fondomonetarista. Necesitamos un plan de vivienda y urbanización acorde a las necesidades, gestionado por los vecinos, que emplee mano de obra desocupada bajo convenio. Debe haber un banco de tierras ociosas y fiscales para construir allí vivienda popular con servicios públicos. A su vez, es fundamental garantizar el acceso irrestricto al crédito hipotecario, donde las cuotas no superen el 10% del ingreso familiar. Este plan debe financiarse mediante la aplicación de un impuesto permanente y progresivo a los desarrolladores inmobiliarios y a la vivienda ociosa.