El gobierno acaba de autorizar un aumento del 209% en las tarifas que pagan los usuarios del servicio de agua potable y de desagües cloacales de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) en el Amba. Así, la población deberá pagar el triple por acceder a este derecho esencial, mientras no se garantizan inversiones que extiendan estos servicios básicos a todos los hogares.

En pos de compensar la fuerte caída de las transferencias estatales destinadas a Aysa (sumaron $810 millones en febrero 2024 frente a $12.121 millones en el mismo período de 2023, según al OPC) -como parte del ajuste fondomonetarista-, el oficialismo recurre a tarifazos en la boleta de agua que deteriorarán aún más los ingresos populares. Con esta suba, en promedio, la factura correspondiente a la “zona baja” pasará de $1.735 a $5.360; de $3.000 a $10.000 para los hogares contemplados en la “zona media”; mientras que en la denominada “zona alta”, que venía pagando alrededor de $10.000, deberá abonar aproximadamente $30.800 por este servicio.

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El sendero de aumentos recién comienza, ya que en la resolución oficial, publicada por la Secretaría de Obras Públicas, figura que habrá una indexación mensual de la tarifa de agua, a través de una fórmula que contemplará la inflación y el índice salarial. Sin dudas, los bolsillos de las familias trabajadoras se verán fuertemente golpeados por esta política de tarifazo continuo.

Además, el incremento será en el mismo porcentaje para todos los hogares, sin distinción de ingresos ni locación. Es decir, subirá en la misma proporción la boleta de agua que reciben los habitantes de un country, que aquella que llega a los barrios populares.

Por otra parte, el cronograma de subas no tiene como correlato un plan de obras para extender el servicio, cuando el 23% de las viviendas de la provincia de la provincia de Buenos Aires no cuenta con conexión a la red de agua potable y el 40% carece de cloacas, según los datos proporcionados por el Censo 2022. Por el contrario, la gestión de Milei mantiene la obra pública virtualmente paralizada.

No se nos escapa que con estos tarifazos el gobierno busca preparar el terreno para privatizar el servicio de agua y saneamiento, volviendo más atractivo el negocio para los capitalistas. Recordemos que esto ya ocurrió durante el menemismo y la experiencia fue ruinosa. Sin ir más lejos, solo entre 1993 y 1998, la empresa Aguas Argentinas en manos privadas incumplió en 746 millones de dólares las inversiones comprometidas.

Como vemos, ni el Estado capitalista ni los privados al frente de este servicio fueron capaces de garantizar el pleno acceso de la población al agua potable y cloacas. En el primer caso, la desinversión se debió a las sucesivas políticas de ajuste llevadas adelante por los gobiernos, y, en el segundo, a la preeminencia del ánimo de lucro de los empresarios a cargo.

Es momento de someter a Aysa al control de los trabajadores y usarios, y así dirigir sus recursos a la extensión del agua corriente y la red de cloacas y fijar tarifas acordes a las necesidades sociales. Mientras tanto, organicémonos en cada barrio para rechazar el tarifazo y exigir las obras faltantes para poder acceder a estos servicios públicos.

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