El gobierno nacional convocó recientemente a una audiencia para aumentar la tarifa del agua y la red de cloacas en la Ciudad y en 26 distritos del conurbano bonaerense. En sintonía con las privatizadas energéticas, Aysa, la empresa de mayoría estatal que distribuye el servicio hídrico, buscará fijar un aumento a la orden de un 32% luego de la instancia que se realizará el 19 de mayo.

La sociedad conducida por Malena Galmarini ya había solicitado en enero al Ministerio de Obras Públicas y al Ente Regulador de Aguas y Saneamiento que se abra paso a este aumento. Finalmente, se le puso la fecha a una audiencia que, de pública, tendrá solo su transmisión por streaming. De manera formal, el cónclave será entre el gobierno, Aysa y “referentes de los consumidores”, aunque no haya mayores precisiones sobre quiénes serían estos últimos (TN, 19/4). Pero queda más que claro que el grueso de la población, que sufrirá en carne propia este aumento, quedó de espaldas a cualquier tipo de discusión.

En tanto, las distintas distribuidoras de agua del resto del país ya procedieron a incrementar el coste del servicio, con cifras como casi un 100% en solo un año en Córdoba, 65% en San Juan o 60% en Santa Fe.

Así, el 19 del próximo mes se verá reflejada una suba en el precio del agua corriente en la Ciudad y parte del conurbano, mientras que entre el 10 y el 12 entrarán en vigencia también los aumentos del gas y de la luz. El gobierno que se proclamó por su cuenta en una “guerra” contra la inflación es responsable por todo el esquema inflacionario, ejecutando un acuerdo con el FMI que tiene en el centro de la escena la política de quita de subsidios y habilitación de los aumentos de tarifas.

De por sí, el tarifazo es netamente confiscatorio para el bolsillo popular. Pero además traerá aparejados nuevos saltos inflacionarios, porque los recargos tarifarios de agua, luz y gas sobre la producción serán trasladados por los capitalistas a los precios al consumidor, como ya viene ocurriendo. Así, se avizora que la insoportable inflación que ya acumula un 16% solo en el primer trimestre del año se volverá todavía más explosiva.

Ahora bien, un aspecto central de la cuestión es que no solo se “discutirá” este aumento el próximo 19 de mayo de espaldas a la población que tendrá que pagar las tarifas, sino que los motivos para este aumento también son desconocidos. No se plantea una apertura de los libros de Aysa y una demostración real de sus costos y ganancias. Mucho menos entonces de las inversiones presupuestarias que haya (o no) realizado, con la importancia que tiene esto frente a una Ciudad y más aún un conurbano bonaerense donde presta servicio que es epicentro de la falta de agua, la ausencia de cloacas, de redes de saneamiento y de obras hídricas en general.

Frente a este tarifazo en marcha hacemos un planteo claro, extensivo a todo el país y todas las prestadoras de servicios básicos. Hay que detener todos los aumentos y proceder a abrir los libros al control de la población, tanto los de las sociedades parcial o totalmente estatales del agua como de las privatizadas de la energía. Proceder a un aumento de este tipo sin demostrar los márgenes reales de activos y pasivos, las inversiones y los gastos de las empresas es lisa y llanamente una estafa contra los usuarios.