En las redes sociales comenzó a circular el video de una detención por portación de cannabis. La Asociación Civil Cogollos del Oeste lo difundió en su Instagram, y se puede ver en el mismo a un usuario detenido por trasladar 37 gramos, aún cuando el permiso medicinal que posee, el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann) contempla esta cantidad dentro de su marco legal. El aprehendido se lo hizo saber a los agentes policiales con su permiso y la ley vigente en mano, pero los efectivos le argumentaron, “interpretando” de manera errónea la ley, que podía trasladar hasta 40 gramos de plantas y no de flores. Pero el amedrentamiento policial es solo una de las caras que tiene la persecución estatal sobre los consumidores, que se compone también por otros factores de peso como las imputaciones y condenas del poder judicial pese al rigor de estas leyes.

 

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Esto ya se viene viendo desde que entró en vigencia el Reprocann, que habilita formalmente a los usuarios que presenten una prescripción para cannabis medicinal a cultivar, trasladar, elaborar derivados y consumir. Algunos casos fueron realmente brutales, como la detención violenta de una joven de 23 años en Cipolletti a quien le sacaron una rodilla de lugar de una patada por armar un cigarrillo de marihuana. “No puede ser que a más de cinco años de la sanción de la Ley 27.350, y a más de un año de implementado el Reprocann, que tiene más de 100.000 inscriptos, la policía no sepa ni de qué se trata”, dice Facundo de Cogollos del Oeste en diálogo con Prensa Obrera.

Mientras tanto, los casos de allanamientos a usuarios legales inscriptos en el Reprocann se multiplican. Algunos de estos casos fueron el ocurrido en Allen a mediados de 2021 con el cultivo de un paciente de 90 años, el que sufrió en diciembre una dentista de 59 años de La Plata que utilizaba el cannabis para paliar los dolores de su fibromialgia, una paciente de Quilmes de 30 años que fue apresada por cultivar para tratar su Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y otros tantos casos que engrosan las estadísticas de la persecución; y que en todos los casos son criminalizados bajo el mote de narcotraficantes, tratándose de cultivadores o para consumo propio o pequeños productores de aceite que proveen a muchos otros pacientes medicinales.

Un caso bastante emblemático fue el de los 14 jóvenes detenidos en Puán en diciembre de 2020, encarcelados por cantidades de marihuana que no superan los límites del consumo personal. El operativo fue festejado por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, como un “golpe al narcotráfico”; pero fue ordenado bajo motivos a todas luces irregulares también por los fiscales Del Cero (relevado ahora por Torres) y Mercuri. Al día de hoy todavía nueve de ellos continúan presos en la cárcel de Bahía Blanca, mientras que cinco están bajo prisión domiciliaria. Les ofrecieron un juicio abreviado para noviembre, que lógicamente rechazaron, porque implicaría aceptar una culpabilidad que no tienen al ser considerados narcotraficantes. Pero porque también dentro de la validación de ese atropello tendrían que cumplir una sentencia más corta pero en prisión efectiva, revocándoles la domiciliaria ya otorgada.

Esta sigue siendo la actitud del Estado frente al cannabis medicinal y el consumo recreativo, pese a las leyes o las demagogias (como el presidente Alberto Fernández diciendo que hay que debatir el consumo de cannabis “sin hipocresía” entrevistado en Caja Negra). En los hechos, son las mismas fuerzas represivas y el mismo poder judicial y político que escarmientan a los consumidores los que regentean y organizan el narcotráfico, como probó la masacre de Puerta 8. Todo el “rigor de la ley” lo sienten los usuarios, fundamentalmente la juventud, mientras que los narcotraficantes operan a plena luz del día y ante los ojos de las autoridades.

Así, el Reprocann queda entonces con estos casos relegado a una mera formalidad que no tiene correlato en el día a día. Su sanción ha sido, no obstante, un paso en la lucha de las comunidades cannabicas y las organizaciones de consumidores medicinales. Pero de ninguna manera se termina la cuestión ahí: tenemos que organizarnos para que se respete, para que se garantice cada uno de los derechos de los usuarios medicinales y para ponerle un punto final a la persecución, el hostigamiento y la criminalización por parte de las fuerzas policiales y el Estado todo.