El Congreso de la Nación acaba de sancionar, este martes 10, una reforma a la Ley de Alquileres, imponiéndose el dictamen oficial sobre el proyecto de la oposición patronal que avanzaba más a fondo contra los inquilinos, consagrándose una situación un poco más perjudicial para los inquilinos que el régimen precedente. La izquierda votó a favor de la reforma para evitar una ley reforma regresiva a imagen y semejanza de los intereses de los especuladores inmobiliarios.

Esta aprobación se dio en el marco de las modificaciones en el Senado al proyecto con media sanción de Diputados que establecía una reforma regresiva, volviendo a los contratos bianuales con actualizaciones cuatrimestrales sin ninguna referencia a un índice de indexación, por lo que se libraba a las partes –en particular a las inmobiliarias- al “libre albedrío”.

Las reformas aprobadas en el Senado y ahora en Diputados implican la continuidad de los contratos a tres años y las actualizaciones semestrales según el índice Casa Propia que utiliza el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional, además de especificar que los contratos deben realizarse en moneda nacional y de otorgar incentivos impositivos para los propietarios que alquilen sus viviendas.

El índice que pasaría a emplearse toma en cuenta el indicador más bajo entre el promedio semestral del Coeficiente de Variación Salarial (con un aforo del 90%) y el promedios semestral de la inflación. Esto redundaría a priori en una actualización inicial levemente moderada respecto al promedio anterior (Ripte e IPC), pero que operará acumulativamente de forma semestral, lo que en parte anula el beneficio inicial.

En este marco, los diputados del Frente de Izquierda Unidad votaron el proyecto de modificación para evitar que se imponga la alternativa votada anteriormente por Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición patronal, que consagraba los negocios de los especuladores inmobiliarios contra los inquilinos y trabajadores.

La diputada del Frente de Izquierda Unidad, Romina Del Plá, puso de relieve que esta reforma es insuficiente para solucionar la crisis habitacional existente y las restricciones a la hora de acceder a una vivienda, y que es necesario avanzar en un plan que atienda las necesidades habitacionales de 4 millones de familias.

“La solución requiere medidas integrales: una política seria de construcción de viviendas, de loteos, de generar un banco de tierras para generar subdivisiones y loteos con servicios para las familias. Pero también hace falta la construcción de viviendas para que se pueda acceder con cuotas que se puedan pagar con los salarios que se cobran”, señaló Del Plá en el tratamiento de las modificaciones en el Congreso.

En este punto, desde la izquierda se objetó que las modificaciones actuales sirvan a solucionar el empantanamiento en el cual se encuentran los alquileres bajo las condiciones actuales, con salarios que no alcanzan a cubrir los aumentos en las locaciones en medio de una presión de los especuladores inmobiliarios por imponer mayores precios.

Al mismo tiempo, Del Plá denunció que el gobierno actual, como su predecesor, realizan desalojos represivos contra las familias sin tierra, empujando a los trabajadores pobres a una situación desesperante.

La reforma de la Ley de Alquileres no trae mucho de nuevo por lo que se espera que de no modificarse las condiciones materiales de los trabajadores, con verdaderas garantías del acceso a una vivienda digna, seguirán persistiendo los mismos problemas que en la actualidad. Lo que requiere también un régimen impositivo que grave la vivienda ociosa y los negocios espurios de los especuladores capitalistas.

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