En las últimas semanas la agenda del intendente Julio Garro ha tomado el eje central de llamar a la intervención de la bonaerense y la justicia para habilitar la represión y desalojar a aproximadamente 30 mil personas sin vivienda de loteos fiscales y privados. En su cuenta de tweet, el sábado 5, el intendente de Juntos por el Cambio, Julio Garro, se jactó en primera persona de haber apresado “96 usurpadores” sin dar ningún tipo de solución a esta grave crisis habitacional que toma condiciones infrahumanas en medio de la pandemia y el invierno.

Las imágenes y videos de las tomas en la región que han circulado en las últimas horas dan cuenta de que estamos frente a una nueva ola de tomas de tierras como expresión de una nueva generación de miles de trabajadorxs precarizadxs y desocupadxs en el país que no tiene garantizado un techo. En los últimos seis meses según uno de los secretarios del gabinete municipal, Oscar Negrelli, hubo 22 tomas, mientras que en medios de la región han informado unas 30.

Frente a las incuestionables pruebas que muestran un déficit habitacional que podríamos estimar que llega 130 mil personas en la región, Juntos por el Cambio tiene la caradurez de afirmar que trabajaron en el problema “durante los 4 años de gestión donde entregaron más de 4.000 escrituras sociales gratuitas para poder paliar ese déficit”.

También han expuesto como argumentos legales para avanzar en el desalojo “nosotros defendemos la propiedad privada y entendemos que para la problemática social está la (tramposa) ley Pierri y otras”, fundamentos que sencillamente violan el artículo 14 bis de la Constitución que afirma que el Estado debe garantizar el derecho a la vivienda. También, el gabinete municipal ha denunciando que las tomas son dirigidas por punteros que venden ilegalmente terrenos, pero los mismos números de déficit superan enormemente el alcance que puede tener este mercado negro que se vale de esta urgente necesidad.

Una de las mayores preocupaciones del municipio es el espacio del ex Club de Planeadores, un terreno fiscal que ha sido ocupado por 10 mil personas. Sucede que el municipio tiene en agenda, junto a Provincia y Nación, un plan que denomina “de urbanización” para 2.500 familias, que además de ser a la vista insuficiente (no da respuesta ni a un 2% del problema) ni siquiera contempla el reacomodamiento de las 1.500 familias que viven en los 9 asentamientos de los alrededores del exclub.

Por otra parte, el municipio ha encarado un acuerdo con Cáritas, la Caja de Policía y la burocracia sindical de unos 25 gremios que a cambio de unas 30 casas para cada gremio se enfilan para ser cómplices de la represión y el desalojo de las familias de desocupadxs. Este terreno que se debería utilizar para un plan de viviendas populares impulsado por el Estado, lo que bajaría enormemente los costos dado que se absorbería la ganancia que se queda el sector privado, pretenden utilizarlo para encarar un negocio para las constructoras de la región, los bancos y el Estado.

Este plan como los más de “60 expedientes en provincia para generar lotes” (Oscar Negrelli, secretario de Coordinación) chocan con la misma realidad de una necesidad básica como lo es la vivienda. El municipio encuentra en las tomas por el derecho a la vivienda un obstáculo al remate de terrenos, muchos de ellos de alto y medio riesgo hídrico, y a lo que sería la implementación de la nueva reforma del Código de Ordenamiento Urbano. Esta viene trabajándola a espaldas de las asambleas de inundados a las cuales han excluido de todas las reuniones y, por la política que lleva en los últimos años, todo indicaría que apunta a una rezonificación para garantizar un mayor acaparamiento de suelo de las grandes inmobiliarias con su consecuente impacto en el valor de viviendas y medioambiental.

También, la lucha popular contra la represión y el gatillo fácil que gana terreno en la región, en la provincia y a nivel nacional, con el fuerte reclamo de la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, a raíz de la desaparición forzada de Facundo, constituye otro problema para las aspiraciones del intendente de Juntos por el Cambio en el llamado a la Bonaerense para reprimir.

En un cuadro de creciente pobreza y desocupación desde el Partido Obrero y el Polo Obrero planteamos la defensa de la lucha de las tomas por una porción de suelo para viviendas. Es necesario hacer un plan de urbanización (viviendas populares, infraestructura, espacios de esparcimiento, etc.) que respondan a las necesidades de las grandes mayorías, con trabajo genuino y bajo convenio. La concreción debe partir de la expropiación de los terrenos ocupados y financiado a partir de un impuesto a las grandes riquezas de la provincia y la región, principalmente de las grandes inmobiliarias (Dacal, Moragues), los bancos y la gran industria como Copetro. Abajo la reforma privatista del COU.

https://prensaobrera.com/movimiento-piquetero/el-polo-obrero-y-las-ocupaciones-masivas-de-tierras/

https://prensaobrera.com/sociedad/una-catastrofe-habitacional-que-signa-la-lucha-por-la-vivienda/