El Amba se encuentra anegado fruto del temporal, que, según el Servicio Meteorológico Nacional se extenderá durante toda la semana. Entre múltiples destrozos, debemos lamentar una víctima fatal en la localidad de Valentín Alsina. La falta de obra pública y la edificación indiscriminada -producto del acaparamiento de tierras para la especulación inmobiliaria- impiden que el agua de la tormenta drene, provocando inundaciones que le ocasionan pérdidas irreparables a la población.

Los municipios bonaerenses más afectados por el diluvio son Morón, Merlo, La Matanza, Avellaneda y Lanús (donde ya falleció una persona). Mientras que en CABA, el peor escenario se encuentra en los barrios de Palermo, Belgrano, Parque Avellaneda, Mataderos, Pompeya, Barracas, Villa Lugano y Soldati. Árboles y postes caídos, calles inundadas, autos flotando y agua ingresando por las casas configuran la postal del día de la fecha.

Si bien el aumento de las precipitaciones responde los efectos del fenómeno del Niño, agravado por el cambio climático, el impacto de las mismas podría atenuarse si se realizaran las obras necesarias y preservaran los espacios verdes. Algo incompatible con gobiernos ajustadores y aliados al capital inmobiliario.

Por un lado, el gobierno de Milei paralizó virtualmente la obra pública. Tal es así, que la variación real interanual en la ejecución presupuestaria devengada a febrero 2024 en el programa de Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica sufrió una caída del 93%, según un informe elaborado por el Cepa en base a datos oficiales. El derrumbe fue del 98% para el programa de Apoyo para el Desarrollo de Obra pública, y del 100% en el caso del programa de Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipio.

Jorge Macri en CABA, Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires y los intendentes del conurbano replican este ajuste al interior de sus jurisdicciones, en lugar de aplicar un impuesto progresivo y permanente a los grandes grupos económicos asentados allí en función de obtener los fondos necesarios para impulsar la obra pública y reducir los daños de las lluvias torrenciales.

De este modo, no invierten en mejorar y mantener los sistemas de drenaje pluvial, los cuales terminan saturándose frente a las tormentas. Incluso, la mayoría de los barrios precarios, villas y asentamientos ni siquiera cuentan con estos desagües, y, además, padecen un deficiente servicio de saneamiento, con lo cual, cuando hay precipitaciones fuertes suele producirse acumulación y rebasamiento de aguas servidas, constituyendo un grave riesgo sanitario para sus habitantes.

En ese sentido, según los datos del Censo 2022, el 44,6% de las viviendas de la provincia de Buenos Aires y 46.441 personas en CABA no poseen cloacas. Sin duda, son ellos quienes se llevan la peor parte en este temporal como resultado de la falta de urbanización. Sumado a que cuentan con menos recursos económicos para reponer las pérdidas materiales luego de la inundación.

Por otro lado, la expansión desenfrenada de los proyectos inmobiliarios (torres de lujo, shoppings, countries) al amparo de todos los gobiernos, no hace más que impermeabilizar el suelo, impidiendo el escurrimiento del agua de lluvia. A su vez, las grandes construcciones muchas veces desorganizan la red de drenaje natural creando grandes acumulaciones de agua. El desarrollo urbanístico al servicio del lucro capitalista ha barrido con los espacios verdes del Amba. Lo grafica el hecho de que “la Ciudad de Buenos Aires posee 5,13 m² de espacio verde per cápita, bastante menos que los 13,6 m2 por habitante de Nueva York o los 30 m² por habitante de Bruselas” (Diario Ar, 2021).

Por su parte, según un estudio del Conicet, de los 25 partidos que forman el conurbano bonaerense, 21 no logran más de 1 m² de verde por habitante, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda que haya 10 m² de verde por habitante. Según la ONG Ecored, en promedio solo hay 1,25 m² de espacio verde por habitante en todo el Gran Buenos Aires (Clarín, 2017).

A su turno, el crecimiento de la especulación inmobiliaria encarece el precio del suelo, obligando a la población de menos ingresos a asentarse en las llanuras de inundación de los ríos, quedando sumamente expuestos a las crecidas. Con el aliciente de que, al emplazarse en zonas inundables, reducen la capacidad de infiltración del suelo.

Frente a los destrozos que deja la tormenta, es necesario organizarse en cada barrio para exigirle a los gobiernos municipales, provincial y nacional subsidios para los vecinos damnificados. También debemos luchar por planes de urbanización de los barrios populares, que incluyan obras de infraestructura necesarias para el drenaje pluvial como la construcción de conductos, alcantarillas y sumideros.

Asimismo, necesitamos destinar las tierras fiscales y ociosas en planes de vivienda popular para relocalizar a aquellos que viven en zonas sujetas a inundaciones recurrentes. Esos objetivos deben financiarse por medio de impuestos progresivos y permanentes a la vivienda ociosa y a los desarrolladores inmobiliarios, y emplear mano de obra desocupada bajo convenio colectivo.

Finalmente, es preciso derogar los códigos urbanísticos actuales que permiten un acaparamiento del suelo por parte de los especuladores y dar lugar a una planificación urbana discutida por los vecinos, que garantice la universalización del acceso a la vivienda y a los servicios públicos, junto con la protección de reservas naturales, parques y plazas.