Empresarios de la multinacional Fondomonte South América S.A., del grupo empresarial Almarai (Arabia Saudita), fueron liberados de culpa y cargo por el Fiscal federal Maximiliano Hairabedian, luego de haber sido denunciados por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Se trata de Diego Gabriel Herrera, Thomas Neville, Nigel Mcdaid, Patrick Brye y Adrián Woodhouse, gerentes de distintas áreas de la multinacional, quienes fueron sobreseídos luego de que tres peones de nacionalidad filipina denunciaran en su embajada en Buenos Aires las condiciones laborales a la que fueron sometidos.

A finales del 2019, Roy Agustín Sánchez, Reimund Sabino Martínez y Denmark Aleman, habían sido contratados en Arabia Saudita, y trabajaban en los campos de alfalfa de San Vicente, del departamento San Alberto. Según trascendió, los peones denunciaron que no les habían pagado el salario convenido; indicaron que trabajaban 14 horas diarias, que la comida que se les daba no estaba en condiciones, además realizaban un control continuo de sus hábitos, teniendo prohibido beber alcohol en sus descansos: esta última cuestión derivó en el despido de los peones.

Aparentemente los organismos burocráticos del Estado en materia de trata de personas y migraciones tanto nacionales como provinciales, realizaron una investigación que incluyó escuchas telefónicas, allanamiento y entrevistas a los trabajadores en el campo, y control de documentación de los mismos. Todo lo cual sirvió de base al fiscal federal para declarar que la multinacional realizaba la explotación acorde a la ley, y que el despido de los peones era acorde a una “norma sagrada”, que la propia empresa dispuso a priori.

Lo relatado nos lleva directo a cuestionar el lazo que une al Estado con los capitales transnacionales, que se manejan por el mundo sin estar sometidos a las leyes. Que disponen de las vidas de lxs trabajadores, como si se trataran de objetos, negándoles la libertad de decidir sobre sus propias vidas, a cambio de un salario de pobreza, estando disponibles las 24 horas.

Sin embargo para quien debería ejercer el rol de control y defensa de los derechos básicos que nos asisten como personas, están más ocupados destacando la “buena voluntad” de cumplir con pagar un pasaje para que lxs trabajadores vulnerados vuelvan a su país, a lo que están obligados por ley. Es llamativo cómo se establece que hay “normas sagradas” para lxs más vulnerables, pero no para los poderosos.

La situación de los migrantes en Argentina es crítica, sobre todo en materia laboral. La vulnerabilidad a la que estamxs sometidxs todxs lxs trabajadores, se potencia cuando sos migrante, a la par que los capitales transnacionales cuentan con todo el poder para comprar voluntades y allanar su camino en la obtención de ganancias.

Una investigación a fondo del caso para determinar si hubo o no trata, habría requerido el trabajo mancomunado con organismos internacionales, analizando el origen de la contratación, comprobando los depósitos de los salarios, recabando testimonios de vecinos aledaños a la explotación.

Frente a esto oponemos como salida la organización independiente de lxs trabajadores migrantes, frente a un Estado que garantiza la impunidad de las multinacionales.

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