En menos de un mes, ocurrieron dos derrumbes en el barrio de Caballito. Uno el 8 de febrero, que terminó con la vida de dos vecinos y dejó en la calle a otros catorce, y otro el pasado 6 de marzo. En el medio, otra obra en construcción en CABA se desmoronó y fallecieron dos obreros que trabajaban en el lugar. La desidia patronal y la responsabilidad estatal son evidentes.

En el primer caso, los vecinos habían denunciado que la excavación que se realizaba en Pedro Goyena 551 estaba afectando la estructura del PH donde vivían y que luego se derrumbaría. La Defensoría del Pueblo había advertido en el mismo sentido. Una nueva inspección requerida por los vecinos, 15 días antes del hecho y cuyo resultado estuvo una vez producido el desmoronamiento, verificó que las cañerías se habían movido producto de los trabajos de excavación, y una cautelar presentada fue rechazada media hora antes del derrumbe por el juez Sebastián Font. La connivencia estatal con las empresas beneficiadas por la falta de controles es total.

Según había podido averiguar Télam a través del Ministerio Publico Fiscal, la empresa constructora encargada de la excavación era Qubo Proyectos y Negocios. La Agencia Gubernamental de Control, organismo encargado de supervisar las obras, habría realizado la última inspección el 5 de diciembre. Los vecinos que perdieron sus viviendas por el derrumbe no tuvieron una respuesta certera por parte del gobierno de la Ciudad. Les ofrecieron quedarse en un hotel, hacinados y sin contar con dinero, ropa, ni comida.

Una situación similar se dio en el edificio que se estaba construyendo en Costa Rica al 5100, en Palermo, donde vecinos habían manifestado su preocupación acerca de cómo se estaban afectando las estructuras linderas. En este caso, el desmoronamiento terminó con 2 obreros de la construcción, de 55 y 69 años y de nacionalidad paraguaya, que trabajaban en el lugar y quedaron bajo los escombros. Si bien pudieron rescatar a uno de ellos, falleció poco después de llegar al Hospital Fernández.

La precariedad laboral general, y particularmente para migrantes y en el rubro de la construcción, sumada a la situación social que lleva a que personas de esa edad deban seguir trabajando en tareas de esta índole, se conjugó con la búsqueda de maximizar el lucro por parte de las empresas, desconociendo normas de seguridad e higiene, y la connivencia con el Estado otorgando los permisos.

El último de los derrumbes fue el pasado miércoles 6 de marzo, otras vez en el barrio de Caballito, donde una obra cedió y cayó la pared de un supermercado vecino. Gracias a que no estaban trabajando en el lugar no hubo que lamentar víctimas.

El hecho de que en tan poco tiempo se hayan producido estos desmoronamientos, en todos los casos en obras en construcción, demuestra que hay un déficit en el control e inspección de las obras. La búsqueda de acelerar la construcción, ahorrar gastos en medidas de control y no llevar adelante todos los procedimientos necesarios para evitar estos sucesos terminó con la vida de vecinos y trabajadores, aún cuando en más de una ocasión se había denunciado la situación.

La Agencia Gubernamental de Control, dependiente del Ministerio de Justicia a cargo de Gabino Tapia, es la encargada de realizar las inspecciones a través de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras, mientras que la Dirección General de Registro de Obras y Catastro es la que debe registrar las obras que se están llevando a cabo y los profesionales a cargo.

Es evidente que la desidia en pos del lucro es la que ha llevado a estas situaciones por lo que es necesario dar con los responsables de que se hayan producido. La construcción desmedida y sin control para la especulación inmobiliaria y la búsqueda de aumentar la constructividad, aún cuando el problema de la vivienda y la crisis habitacional es cada vez más agudo, muestra sus resultados.

Desde la banca del PO-FITU que ocupa Gabriel Solano en la Legislatura porteña, se ha presentado un pedido de informes que dé cuenta de si efectivamente las empresas que tenían a cargo estas obras contaban con los permisos correspondientes y cómo se llevaban a cabo las inspecciones, y, a su vez, saber si se tomarán medidas de aquí en adelante. En el mismo sentido, otro proyecto busca que sean citados frente a la legislatura para dar explicaciones sobre estos hechos el titular de la AGC, Matías Lanusse, como quienes ocupan la dirección de la DGFCyO y de la DGROyC.

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