Las patronales del transporte público de la provincia de Tucumán han anunciado que desde el lunes 29 se restringirán los horarios y recorridos de las unidades, funcionando solo hasta las 21 horas. Hasta ahora, ni el gobierno provincial ni el municipal se han pronunciado al respecto. Esta decisión intempestiva e ilegal -viola abiertamente la ley 6.210 que rige para el transporte público en la provincia- amenaza con dejar sin frecuencias a miles de trabajadores.

La crisis del transporte público de pasajeros se arrastra desde hace años y con la pandemia se ha profundizado. Las patronales han aprovechado para dejar de pagar los salarios. La actitud del gobierno ha sido la de gestionar adelantos de subsidios nacionales o directamente subsidiar con fondos provinciales a estos empresarios voraces y que no han dado ninguna prueba de la falta de fondos que alegan. Como frutilla del postre, luego de cada embestida patronal, han llegado los aumentos del boleto, que lo hacen impagable para la clase obrera que lo utiliza regularmente.

A pesar de que en 2021 está estipulado más de 3.000 millones de pesos en subsidios, desde el sector empresarial insisten con la insuficiencia de estos. Algo elemental que no hace el gobierno es proceder a la apertura de los libros de estas empresas y verificar en que se han ido los fondos públicos durante todos estos años. A estas alturas, los trabajadores estamos financiando el desfalco de estas patronales voraces. En los hechos está estatizada la ganancia patronal y también el salario de los choferes.

Ante la inacción gubernamental -o peor, su complicidad con las empresas- es necesario que los usuarios y trabajadores tomemos en nuestras manos de manera urgente el problema para darle una salida positiva para nuestros intereses.

En este contexto gravísimo planteamos medidas urgentes:

1. Revocación de todas la concesiones de todas las líneas.

2. Estatización del transporte público bajo control de trabajadores y usuarios. Que se garantice de manera prioritaria las frecuencias y horarios convenientes para todos los trabajadores de la provincia.

3. Pleno cumplimiento del convenio colectivo para los trabajadores del transporte público.

4. Apertura de los libros de las empresas para proceder a verificar si se cometieron fraudes y desfalcos. Investigación del destino de los subsidios.

5. Organización de una movilización y acciones de lucha para impulsar estos reclamos.