En la última sesión de la Legislatura se puso en discusión un convenio suscripto entre el Instituto de Vivienda de la Ciudad y el municipio de La Matanza que consiste en traspasar la propiedad de las tierras pertenecientes a los barrios Puerta de Hierro, San Petersburgo, 17 de Marzo y 17 de Marzo bis, de la órbita de CABA a la provincia de Buenos Aires, para posteriormente adjudicárselas a las familias que hoy en día habitan en esos barrios.

La CABA es titular de una cantidad de tierras en la Matanza que se las fue transfiriendo el Estado nacional cuando aquella era aún un territorio federal. Estas tierras en particular fueron traspasadas durante el último gobierno de Perón. Allí fueron a parar miles de familias que eran expulsadas de las villas de la Ciudad por parte de la dictadura militar, con la promesa de garantizarles el acceso a una vivienda digna.

Pasados 50 años, la realidad de quienes viven en esos barrios es de un permanente deterioro de sus condiciones de vida y vivienda. Se trata de barrios completamente copados por el narcotráfico, donde la inseguridad, amparada por la policía, es moneda corriente. Los déficit habitacionales, sea de los materiales de construcción, del acceso a agua potable o de redes cloacales, están presentes en todos estos barrios y en gran parte de La Matanza.

El traspaso no deja de estar inscripto en las disputas entre el gobierno de Larreta y distintos sectores del peronismo, relativos a recursos que fueron pasando de la órbita federal a la CABA. Este convenio estipula la discusión por una deuda reclamada por el intendente de La Matanza, calculada en 100.000 millones de pesos, debido a “tasas municipales adeudadas e impacto socioambiental y de desarrollo humano” resultantes de otras tierras en condiciones similares y que también receptaron a los vecinos expulsados de villas de la Ciudad.

Gabriel Solano, en la sesión, votó a favor del proyecto “porque establece de manera taxativa que permitirá que los actuales ocupantes accedan a los títulos de propiedad”. Sin embargo, consideró que “la situación terriblemente precaria de esos barrios no tiene que ver con que no se traspasaran las tierras, sino con que los gobiernos no hicieron lo que tendrían que haber hecho”. El diputado advirtió que tras el “proceso de expulsión directa” de la dictadura, “las villas de la ciudad disminuyeron la cantidad de habitantes no por una política habitacional sino por la política de expulsión. Hoy se volvieron a recrear las grandes villas miseria, con aproximadamente unas 350 mil personas”.

El Partido Obrero y el Polo Obrero, se organizan en los barrios y villas del todo el país para reclamar por un verdadero acceso a la vivienda y la urbanización real de todas las villas. En ese sentido, fiscalizaremos que el traspaso de la titularidad se haga a los vecinos actuales con comisiones electas por ellos mismos y reclamaremos una mesa de trabajo que ponga en pie la prometida urbanización.

 

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