La clase obrera ocupada y desocupada es víctima de la falta de viviendas o de viviendas precarias en la Argentina y el mundo. Esta situación se ha venido agravando en las últimas tres décadas en nuestro país. Las razones de este enorme drama social están vinculadas, de conjunto, a la crisis del régimen capitalista, cuyo correlato en la Argentina semicolonial se expresa en los salarios de miseria y en la altísima desocupación, junto a la especulación inmobiliaria. Los ingresos de los trabajadores apenas rozan el 20% del producto bruto interno. Lejos de mejorar el número de créditos hipotecarios, estos han disminuido con respecto al total del PBI, cuyo porcentaje con respecto al mismo era en 2003 un 3% y bajó a 1,2% en 2020. Los préstamos UVA, lejos de ofrecerse como una solución han sido un salvavidas de plomo, debido al peso de los intereses impagables por parte de los que se consideraban como sus beneficiarios.

En el cuadro de la enorme depresión mundial, ya grave antes de la pandemia, la política del gobierno albertista dedica todos sus esfuerzos al pago de la deuda a los usureros, circunstancia que, desde luego, está agravando la situación habitacional.

Diversos datos no pueden evitar reflejar la angustiante situación en términos de estadísticas: la Fundación Mediterránea afirma que hacen falta 820.000 viviendas nuevas y 2.700.000 necesitan reparaciones fundamentales. Según un informe de la Universidad Católica Argentina cuatro de cada diez viviendas son precarias y tres de cada diez carece de servicio sanitario en condiciones. El 50% se ve expuesta a la contaminación. Asimismo, cabe observar que el 16,6% de los niños viven en lugares donde los adultos temen perder su hogar por las condiciones irregulares de tenencia.

Existe además una contradicción insalvable en el contexto del régimen social capitalista consistente en la concentración de la propiedad inmueble en manos de especuladores capitalistas, que mantienen viviendas desocupadas y ociosas, con aquellos que duermen en la calle o en situaciones habitacionales de un dramatismo sinigual. Un dato relevante es que entre 2017 y 2018 los fondos disponibles para vivienda se redujeron un 24% para los institutos provinciales de vivienda, debido a que el flujo proveniente del Instituto Nacional de la Vivienda, que constituye la mitad de sus presupuestos en ese rubro, disminuyó en forma considerable.

Para poner de relieve la enorme gravedad de la situación y su tendencia al agravamiento basta con repetir lo dicho por el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, que dio a conocer que llegado el primer trimestre de 2020 la construcción llevaba dieciocho meses consecutivos de caída.

En otro orden de cosas, pero siempre vinculado al problema de la vivienda, la Fundación de Estudios para el Desarrollo Inmobiliario (Fedi) calcula que en Argentina el 16% de los 12.200.000 hogares son alquilados. En ese sentido, señalemos que la Federación Nacional de Inquilinos denunció que las familias que alquilan usan el 40% de sus ingresos en el pago del alquiler de la vivienda, monto que es restado a sus necesidades vitales. El gobierno ha anunciado con bombos y platillos el programa Argentina Construye para construir una suma ínfima de viviendas.

Las urbanizaciones privadas han crecido al ritmo del agravamiento del déficit habitacional: en 1990 el área metropolitana tenía 34 km cuadrados ocupados por countries; en el año 2000 la superficie de los mismos era de 305 km cuadrados (cuatrocientas urbanizaciones); en 2008, 500 countries abarcaban 400 km cuadrados; en 2015, 650 countries eran habitados por medio millón de personas solo en el Amba.

En medio de esta catástrofe habitacional, agravada en sus consecuencias, por el hacinamiento, por la existencia del coronavirus y la falta de recursos para pagar un alquiler, están creciendo las ocupaciones de tierras.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, en nombre de la “defensa de la propiedad privada” está emprendiendo desalojos violentos, respaldados por el gobierno. Incluso los dirigentes de la CTEP, cuyos funcionarios o diputados dicen no aprobar los desalojos violentos, han llegado a considerar a Berni como un “permitido” –según los dichos de  Grabois- habilitando así la continuidad se sus métodos y desalojos violentos. La propuesta del “progresismo” para satisfacer las necesidades habitacionales no pasa de un relato que choca con las aspiraciones de un gobierno que ha puesto el presupuesto en manos del FMI y los bonistas privados.

La cuestión de la vivienda y su resolución integral no tendrá cabida bajo esta orientación política y social. Es preciso organizar a los trabajadores y desocupados para abrir paso a la construcción masiva de viviendas, sobre la base de la expropiación sin pago de la gran propiedad inmobiliaria, poner en pie un Banco de Tierras y relevar todas las necesidades habitacionales del país. Poner todos los recursos en manos de los productores de la riqueza social, los trabajadores.

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