El gobierno de Gildo Insfrán dio la orden de desalojar con la fuerza policial a más de 15 familias que se encuentran ubicadas en la calle San Martin y Junín. Entre ellas se encuentran personas que padecen enfermedades y discapacidades físicas.

La problemática habitacional retrata las condiciones de vida de la población formoseña. La entrega de módulos de vivienda se sigue realizando a cuentagotas a través de sorteos. El enfoque principal para el gobierno sigue siendo el de solucionar los “asentamientos ilegales”, como lo fue hace dos años en esa batalla de centenares de familias de diferentes barrios de la ciudad que se conjugaron en un acampe por varios días frente al Ministerio de la Comunidad con el reclamo de viviendas dignas. Y lo es ahora con aquellas personas cerca del barrio San Martín, resistiendo para no terminar viviendo en la calle.

En un contexto de pandemia, crisis sanitaria y económica, el ataque a los trabajadores no toma descanso ni está en cuarentena. Datos oficiales de la provincia registraron una caída interanual del 5,8% del empleo privado, lo que significa la pérdida de 1.500 puestos laborales. A esto se suma que en Formosa el 40% de los trabajadores y trabajadoras se encuentran en negro.

El gobierno de Insfrán, tanto como el nacional, son los responsables de estos ataques al trabajo, la vivienda y al salario digno. Los millones de dólares que están siendo dirigidos a pagar la deuda deben ser redirigidos para el pago de un seguro para el desocupado de 30.000 pesos, la triplicación de presupuesto sanitario y la centralización del sistema de salud y para que cada trabajador y trabajadora obtenga el salario igual a la canasta familiar que actualmente redondea los $45.000. Sin techo y sin trabajo, no hay “quedate en casa”. No al desalojo de las familias formoseñas.

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