El proyecto presentado por el gobierno uruguayo para legalizar la comercialización de la marihuana -bajo control del Estado- tiene lugar en el marco de un crecimiento explosivo del consumo de paco entre la juventud oriental. Durante los años de gobierno frenteamplista, los jóvenes se han convertido en carne de cañon de la delincuencia organizada, con una violencia nunca antes vista en la historia del país.

Es preciso señalar que la tenencia para consumo personal en Uruguay no está penalizada. Esto echa por la borda la teoría de que la "despenalización" otorga un marco legal adecuado para "combatir el narcotráfico", como se argumenta en nuestro país. El proyecto oficial crea un verdadero sistema de regimentación de los adictos por parte del Estado, el cual no brindará un régimen de rehabilitación, excepto que el adicto se "exceda" en su cuota de consumo mensual. De esta manera, toda una parte de la juventud uruguaya estará en un estado de embrutecimiento permanente, garantizado por el mismo Estado capitalista. Mediante el apoyo al Frente Amplio, el movimiento obrero oficial de Uruguay se ha convertido en cómplice del consumo de drogas entre los trabajadores, cuando debería ser la vanguardia en la lucha contra la drogadicción en el seno del pueblo.

Por otra parte, la aprobación del proyecto de ninguna manera garantizaría el fin del narcotráfico -o, por caso, el fin del paco-, porque el mercado de los estupefacientes es algo que excede ampliamente las fronteras nacionales, dado que está formado por un complejo entramado que opera en el marco del mercado mundial capitalista, por medio del lavado en el sistema financiero. Por esta razón, resulta ridículo creer que la venta de 40 porros mensuales a cargo del Estado puede significar una solución o que pueda terminar con el tráfico de éxtasis, por ejemplo, el ingreso del paco al país tuvo lugar en las fronteras con la Argentina, sin que por ello las autoridades se percataran.

El apoyo al proyecto por parte de un sector de la izquierda e, inclusive, de sectores pertenecientes a la central sindical PIT-CNT revela la desorientación absoluta en la que se mueven. El proyecto de Mujica debe ser rechazado de plano. En primer lugar, con la denuncia de los vínculos existentes entre el Estado y los narcos. Asimismo, rechazamos la creación de un comercio "legal" para profundizar la descomposición de la juventud, con el único fin de someterla y de impedir que se revele contra el régimen social que la oprime.