27 familias han decidido este 6 de enero ocupar un predio fiscal en la zona de Río Pipo, en Ushuaia, luego de agotar las innumerables gestiones que realizaron con anterioridad para obtener una solución habitacional. Se trata de la novena ocupación en tres meses (solo una pudo ser desalojada), la crisis habitacional en esta provincia es extrema.

Juan Barrientos, dirigente local del Polo Obrero y vocero del grupo de vecinos, expresó a Radio J Noticias: “La ley es muy clara y detalla cómo es el delito de usurpación, no es nuestro caso. Nosotros, como fueguinos y parte de esta sociedad, lo que estamos haciendo acá es una ocupación, porque es una tierra fiscal provincial y cuando el Estado no cumple la función de hacer cumplir el derecho a la tierra y la vivienda, los vecinos que somos parte de este estado, hacemos cumplir la ley y hacemos respetar esos derechos”.

“Lo que hoy estamos haciendo es tomar nuestra propia tierra. Realizamos consultas con grupos de abogados y entendemos que hay leyes que nos avalan en la toma de tierras fiscales. Sin ir más lejos, estamos enmarcados en la ley del Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), que establece que cuando ya hay más de 8 familias que ocupan un predio público, están protegidas por la Ley”, insistió Barrientos.

Barrientos también señalo: “Muchos de nosotros somos vecinos que durante mucho tiempo estuvimos anotados en el IPVyH y en Tierras (municipal), y luego de más de 15 años no tuvimos respuesta”.

Este grupo de familias protagonizó hace meses un acampe de varias semanas frente a la Casa de Gobierno, y, como dice el propio Barrientos, advirtió a las autoridades que si no se resolvía el tema, iba a ocupar las tierras.

“La situación de los alquileres es insostenible y el Estado abandona a las personas a su suerte”, explicó el vocero del Polo Obrero, quien además detalló que hay un acuerdo entre los vecinos para no talar árboles y que si en todo caso fuera inevitable hacerlo se reemplace ese árbol por uno nuevo.

Las mismas autoridades del IPVyH, que no recibían a los vecinos y ahora se hicieron presentes, han formulado una denuncia y han solicitado los antecedentes de cada familia para estudiar los casos. Laura Montes, su presidenta, reconoció que algunas familias tienen trámites iniciados hace mucho tiempo.

Por otro lado, la intervención policial, en un primer momento, se hizo en el marco de un diálogo, pero ante órdenes superiores las fuerzas han cerrado el acceso al predio ocupado, impidiendo la entrada y salida de las personas del lugar.

Los vecinos han organizado un apoyo externo para aprovisionarse, y por el momento les permiten ingresar alimentos y elementos básicos para su subsistencia.

A tres días de la ocupación, la jueza interviniente ha derivado el caso a una mediación, desairando al gobierno, que exigió una orden de desalojo.

Llamamos a rodear de solidaridad esta ocupación, que expresa un elevado nivel de organización de los vecinos y viene a ser la culminación obligada de un plan de lucha de larga data. Las próximas horas serán decisivas ya que el Estado intentará doblegar por desgaste y aislamiento a los pobladores en lucha.

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