La toma de tierras en diferentes municipios del Conurbano bonaerense y en distintas provincias del país ha puesto de manifiesto la enorme deuda que tienen los gobiernos con la población más humilde en materia de vivienda.

El gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires agitan el desalojo de Guernica, donde se encuentran más de 2.500 familias, sin plantear ninguna salida a las condiciones de vulnerabilidad absoluta a las que están expuestos los vecinos que hoy ocupan un terreno para construir vivienda.

La política de desalojo que llevan adelante tanto el gobierno provincial como el nacional demuestra que en los hechos tienen la misma orientación que el Gobierno de la Ciudad de Rodríguez Larreta: para ellos la tierra debe ser para la especulación inmobiliaria y no para satisfacer las necesidades de la población trabajadora y el déficit habitacional.

A lo largo de los últimos años los pactos entre los diferentes bloques en la Legislatura porteña han producido que se continúe con la enajenación de tierras, avanzando sobre los espacios verdes, encareciendo los alquileres y produciendo que una gran cantidad de trabajadores no puedan seguir pagando un alquiler formal y tengan que mudarse a las diferentes villas de la capital.

La lucha por la defensa de los vecinos que están peleando por su techo cobró un carácter nacional y tiene una enorme repercusión en la lucha por el derecho a la vivienda en la ciudad.

La pandemia ha evidenciado una realidad que hace años existe en el país y que impacta de lleno a la Ciudad de Buenos Aires. La crisis habitacional y la imposibilidad de acceder a una vivienda son una de las principales problemáticas en la ciudad. 300 mil personas viven en villas o asentamientos y la falta de una urbanización real, que se refleja en la ausencia de servicios básicos, afecta constantemente las condiciones de vida de miles de familias.

Los cortes de agua sistemáticos en plena cuarentena, que tomaron un carácter mediático al momento que comenzaron a incrementarse los contagios en la Villa 31 y que continuaron en el resto de las villas de la ciudad, son un problema que hace años vienen denunciando los vecinos. Con el comienzo del invierno y la necesidad de calefacción en los hogares de los barrios más pobres se hizo notar el déficit enorme en infraestructura en cuanto a provisión de gas de red.

Los cortes de luz siguen siendo moneda corriente, como así también los incendios por las fallas de la precaria infraestructura eléctrica que el Estado no se encarga de garantizar. El gobierno sólo responde pasándole la pelota a las empresas de luz y agua cuando es el mismo Estado el que mantiene la concesión. A pesar de los tarifazos y los negociados, ni las empresas de servicios públicos ni el gobierno aseguran la provisión de los servicios básicos que los vecinos necesitan para vivir cotidianamente.

Los trabajos que debería realizar el gobierno a través del Instituto de la Vivienda de la Ciudad se ven demorados, hechos a medias, o simplemente son arreglos cosméticos mientras persisten los problemas estructurales. Estamos ingresando en los meses de mayores temperaturas y desde el gobierno no se tomaron medidas de fondo ante la epidemia del dengue, que el último verano afectó masivamente a la población de las villas.

La acumulación de escombros que han denunciado vecinos de la Villa 20, producto de obras inconclusas, conforman puntos críticos de contaminación y acumulación de agua que luego se convierte en los criaderos de mosquitos. No están planificadas desinfecciones ni descacharrizaciones.

Por otro lado, el IVC ejecuta obras sin la supervisión de los vecinos, no se respetan los planos presentados ni la calidad de los materiales, las contratistas aumentan sus ganancias abaratando costos en la ejecución de la infraestructura que los vecinos reclaman. En la Villa 31 buscan instalar un tendido eléctrico aéreo, mientras los vecinos reclaman que se ejecute de manera subterránea. En la villa 1-11-14 no se respetan los planes de urbanización que el mismo IVC había presentado.

La ausencia de conectividad es un déficit que impactó de lleno en la juventud de los barrios que se vio vulnerada en su derecho a la educación ante la falta de dispositivos y de infraestructura en telecomunicaciones. Las compañías de internet no quieren acceder a los barrios. Por su parte, el gobierno de Larreta y Acuña sigue insistiendo en que los chicos vuelvan a las escuelas de manera presencial en el momento pico de la pandemia del Covid, exponiéndolos a los contagios, en vez de garantizar los dispositivos y la conexión a internet.

Durante los últimos meses de cuarentena, como consecuencia de la crisis económica y la disminución de los ingresos de los trabajadores, se ha profundizado la crisis de los inquilinos que no pueden hacer frente a los aumentos de los alquileres pautados por los propietarios. La prohibición de desalojos dictada por decreto en marzo no frenó la situación a la que se vieron enfrentadas decenas de familias en las villas que fueron desalojadas sin intervención alguna. La ley de alquileres, que tenía como objetivo otorgar mejores condiciones de alquiler a los inquilinos, está siendo esquivada por propietarios e inmobiliarias a través de los llamados contratos temporarios.

Por otro lado, se han dado casos donde las mismas familias son empujadas a dejar su hogar por la falta de condiciones habitacionales, como en el sector de bajo autopista en la Villa 31, donde continuaron con las demoliciones, con la excusa de la relocalización, a pesar de que las casas lindantes siguen habitadas.

Esta situación, de conjunto, evidencia una orientación por parte del Gobierno de la Ciudad, que prioriza los negociados y la especulación inmobiliaria a la posibilidad de los trabajadores a acceder a la vivienda. El encarecimiento del suelo que se produce a través de los proyectos que se impulsan con apoyo de distintos bloques en la Legislatura, como el Polo Gastronómico frente a la Villa 15, son la base para aumentar los impuestos y se dé un proceso de expulsión de miles de trabajadores de la ciudad que se ven imposibilitados de pagar un alquiler o de seguir viviendo en condiciones precarias y hacinados.

Los sectores de la clase obrera que pudieron acceder a los créditos indexados por el mecanismo de la UVA, también pagaran los costos de la crisis. Se vence el decreto que posterga los aumentos de las cuotas, y los mismos no serán absorbidos por los bancos, sino que serán recargados en los créditos con más cuotas, llevando a las familias a deudas eternas con los banqueros especuladores.

Las tomas de tierras que se vienen produciendo a lo largo del país, con el centro en la provincia de Buenos Aires, demuestra que hay miles de trabajadores que se ven obligados a recurrir a estos métodos para poder tener donde vivir y no quedar en la calle.

La organización independiente de los vecinos y vecinas en su lucha por el derecho a la tierra y la vivienda son el único camino para conquistar el techo para las familias trabajadoras.

Llamamos a las organizaciones sociales y políticas que tienen expectativas en el gobierno a reflexionar sobre la necesidad de coordinar de manera independiente una acción de lucha para conquistar el derecho a la vivienda.

Es necesario que impulsemos un Congreso por la Vivienda Digna. Convocamos a todas las organizaciones y sectores en lucha por este derecho para elaborar un programa y una campaña en común por la conquista de estas reivindicaciones.

– Urbanización real de las villas. Agua, luz, gas y conexión a internet para poder estudiar.

– Ni desalojo ni represión. Tierra para vivir no para la especulación.

– Subsidio habitacional que garantice el acceso a la vivienda para los inquilinos como transición a la vivienda definitiva.

– Plan de obras públicas de vivienda contratando a trabajadores de los mismos barrios.

– Prohibición de desalojos.