La policía municipal de Vicente López desalojó con balas de goma y golpes a los vecinos que se encontraban habitando una casa hace más de treinta años, ubicada en la esquina de Roca y Panamericana, dejándolos en la calle.

De esta forma, el municipio cambiemita conducido por Soledad Martínez -quien asumió como intendenta en reemplazo de Jorge Macri- descargó todo su peso represivo sobre esas familias, hiriendo a menores de edad y haciendo entrar a la vivienda a un grupo de personas que comenzaron a derrumbar las paredes con sus masas sin mediar palabras. Sin dudas, detrás de ese desalojo brutal se esconde el interés del municipio, junto con privados, de hacerse de ese inmueble para poder desarrollar un proyecto inmobiliario.

Favio, uno de los vecinos desalojados, le contó a Prensa Obrera que él vive en esa casa desde el año 1989. Su padre se encontraba allí desde antes, trabajando como sereno y haciendo trabajos de albañilería. Los dueños originales fallecieron y ningún heredero apareció reclamando la propiedad. La familia de Flavio creció, pusieron en pie la vivienda que se encontraba en estado de abandono -a pulmón, consiguiendo ladrillo por ladrillo-, comenzaron a pagar todos los servicios públicos y a tramitar la titularidad.

 

 

Recordemos que la Ley 24.374, conocida como la Ley Pierri, establece “un régimen de regularización dominial en favor de ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres años, con anterioridad al 1° de enero de 2006, de inmuebles urbanos que tengan como destino principal el de casa de habitación única y permanente”. Sin embargo, Casa de Tierras de Vicente López nunca les otorgó el título de propiedad, desconociendo la legislación vigente.

 

Esto habilitó a que ahora, de la noche a la mañana, apareciera una supuesta “dueña” que aduce haber comprado el inmueble no se sabe cómo ni en qué condiciones, dando paso a una orden de desalojo contra quienes residían históricamente en ese lugar. Casualmente se trata de una arquitecta que quiere realizar una obra allí, a tal punto que en medio del desalojo ya se estaban derribando paredes. Huele a negociado inmobiliario, que, como tantos otros en el distrito, prosperan con la connivencia del gobierno municipal, a costa del derecho a la vivienda de la población trabajadora.

Repudiamos el desalojo y reclamamos la inmediata restitución de la vivienda a las familias que la habitaban con su correspondiente título de propiedad.