Un estudio elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella y el sitio especializado Zonaprop concluyó en que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra cuarta en el ranking de las ciudades latinoamericanas más caras para comprar una vivienda. Los altos precios se mantienen, a pesar de la caída de la demanda, empujados por la especulación inmobiliaria. A su vez, los altos alquileres expulsan de la ciudad a quienes no pueden costearlos.

Según el informe mencionado el valor promedio del metro cuadrado de una vivienda en CABA ronda los 2.421 dólares, un precio que sigue alejado de lo que la alta oferta de propiedades y la baja demanda debieran haber bajado hace tiempo.

La perseverancia de estos números se debe a la incidencia de los especuladores inmobiliarios, con el acaparamiento de tierras y la construcción de megaproyectos con unidades habitacionales suntuosas y a la inversión en los negocios del real estate como medio de conservación de valor de los capitalistas.

Se trata de una política de Estado del gobierno de Horacio Rodriguez Larreta, en complicidad con los legisladores del Frente de Todos en la ciudad, donde se habilita la consteucción de emprendimientos inmobiliarios en terrenos fiscales que sonloteados al mejor postor, contra los intereses de los vecinos que luchan por la conservación de parques y el uso de los pocos espacios verdes para el bienestar y provechod e la comunidad.

Alquileres también

Esto impacta también en el alza de los precios de los alquileres: un mercado que se ha reducido significativamente como respuesta a la Ley de Alquileres, pasando las propiedades al mercado de ventas o directamente sacándolos de la oferta de alquiler.

Para el mes de noviembre el aumento establecido por el Índice de Contratos de Locación (ICL) que fija la ley llegó al 73,13% para los contratos firmados con posterioridad a julio del 2020. Pero los aumentos pegan un salto en caso de renovaciones, oscilando entre el 86 y el 110%, según la medición que se tome.

Esto se debe a que los propietarios buscan cubrirse de las pérdidas que les podría ocasionar la aplicación futura de los aumentos por debajo de la inflación, descargando la diferencia sobre las espaldas de los inquilinos con un “ingreso fuerte” que cubra futuros aumentos.

A su vez, existe un sector especulativo del mercado que retira sus propiedades en función de presionar por la derogación de la Ley de Alquileres, lo que redunda en una caída drástica de la oferta contra una demanda constante. Así, el mercado de alquileres asciende a 25.000 publicaciones en todo el país, 7.000 de ellas solo en CABA.

Se calcula que el precio promedio del alquiler de un departamento monoambiente se encuentra en $65.230 por mes, mientras que los dos ambientes están en $79.266 y un tres ambientes supera los $100.000. Para tener a consideración, el promedio salarial del Ripte se encuentra en $155.611,28 brutos. Y los salarios no registrados pelean por cubrir una canasta básica de pobreza.

Crisis habitacional sin fin

La situación planteada implica un capítulo más en la crisis habitacional que padecen millones de familias, que carecen de vivienda propia y medios para poder acceder a la misma. El Presupuesto 2023 va más a fondo en esta situación con el blanqueo de capitales para la compra de inmuebles usados, lo que agudizaría aún más el acaparamiento de los capitalistas inmobiliarios.

Los salarios no alcanzan ni para alquilar un monoambiente en CABA y los importes son tan bajos que siquiera califican para el otorgamiento de un “crédito hipotecario” usurero, con primas iniciales que superan la totalidad de un salario promedio.

La salida a esta crisis debe venir de una reorientación integral de la política habitacional, actualmente casi inexistente y donde prima el ataque y la represión contra las familias sin tierra ni vivienda. Esto demanda un plan de viviendas nacional, la generación de miles de empleos, la recomposición general de los salarios y una política de créditos sin restricciones con cuotas que impliquen un tope máximo del 25% de los ingresos familiares.