Una idea muy difundida, incluso en medios académicos reputados, es que la caída de la Junta Militar genocida que tomó el poder el 24 de marzo de 1976 fue producto exclusivo de la derrota de Malvinas en 1982 y de la crisis económica que la precedió. Se trata de una visión interesada que pretende negar el rol de la clase obrera. La crisis mundial capitalista (que frustró el plan económico de Martínez de Hoz) y la enorme solidaridad internacional se conjugaron con lo que, sin dudas,  fue el principal factor de erosión del gobierno militar: la resistencia obrera, que se desarrolló con diversa intensidad durante todo ese periodo.

 

La finalidad del golpe, promovido por el conjunto de la burguesía nacional y el imperialismo, fue poner fin al ascenso revolucionario iniciado con el Cordobazo y cuyo punto más alto se alcanzó en junio y julio de 1975, con la primera huelga general de la clase obrera argentina contra un gobierno peronista.

 

El blanco de la acción represiva de los militares fueron los sectores antiburocráticos  y de izquierda,  que Ricardo Balbín de la UCR llamó la “guerrilla fabril”. El 67% de los desaparecidos eran activistas, delegados y dirigentes obreros intermedios; o sea la viga maestra del poder de la clase obrera.

 

Resistencia abierta y resistencia subterránea

 

Pese al terror estatal que se desató los trabajadores realizaron numerosas huelgas y sabotajes contra la dictadura y, en los dos primeros años, los de mayor ferocidad represiva, desarrollaron una lucha subterránea con métodos novedosos o rescatados de la “resistencia peronista”.

 

Las huelgas clásicas, como las automotrices de mediados del 76, fueron brutalmente reprimidas con desapariciones, detenciones, asesinatos y ocupaciones de fábricas por parte del ejército.  Lo mismo ocurrió con los conflictos  metalúrgicos (marzo 1976), la huelga portuaria (noviembre 1976) y las huelgas y movilizaciones de los trabajadores de Luz y Fuerza (noviembre 1976 a marzo 1977).

 

Junto a estas luchas se fueron ensayando nuevas formas de oposición al régimen menos directas, más acordes a la relación de fuerzas de esa etapa: “trabajo a tristeza”, “trabajo a reglamento”, diversos tipos de “quites de colaboración” y sabotaje. Su efectividad quedó plasmada en los informes de producción de las  empresas: Renault anunció que su producción había bajado 85%; en la siderúrgica Dalmine el 30% de las chapas estaban fisuradas; el 25% de los autos que producía General Motors salían dañados. Un estudio de Mitsubishi sobre oportunidades de inversión en la región desaconsejaba hacerlo en Argentina por la gran conflictividad laboral que existía… en 1977.

 

La llamada “ley de seguridad industrial” de septiembre de 1976, prohibió cualquier medida concertada de acción directa, entre las que se incluía el trabajo a desgano y la baja de producción, estableciendo penas de 1 a 6 años para quienes participaran y de 3 a 10 años para los que la instigaban de forma pública.

 

Aunque la mayoría de los conflictos no trascendían a la prensa un estudio de la revista Mercado contabilizó 1.300 medidas de fuerza durante el segundo semestre de 1978. En enero de 1979 se produjo la toma de Aceros Ohler,  la primera desde fines de 1976. Durante los primeros diez meses de 1979 los cálculos basados en medidas de fuerza reportadas en la prensa (necesariamente muy por debajo de la realidad) arrojaban más de 500 mil horas/hombre perdidas.

 

El 27 de  abril de ese año se realizó la Jornada Nacional de Protesta, llamada por un sector de la burocracia sindical, la Comisión de los 25 (que luego diera nacimiento a la CGT-Brasil). La extensión del paro se  calculó en un 40%  pero demostró una presión creciente desde la base de movimiento obrero y abrió una nueva etapa en la lucha contra la dictadura.

 

Empieza el fin de la dictadura

 

En 1980 se continuó con la toma de fábricas (Deutz, La Cantábrica, Sevel, Merex). Surgieron coordinadoras gremiales clandestinas (subterráneos, marítimos), legales (gremios del estado, transportes). A partir de mediados de 1981 las protestas sindicales se fueron sucediendo de manera más frecuente y fueron adquiriendo un carácter cada vez más masivo. Se realizó una segunda huelga general, con muy alto acatamiento, el 22 de julio y el 7 de noviembre la marcha por “Paz, Pan y Trabajo” a San Cayetano, que convocó a más de 10 mil personas.

 

El 30 de marzo de 1982 se realizó una huelga con movilización a Plaza de Mayo a la que concurrieron 50 mil personas y que terminó con graves disturbios y numerosas detenciones. Durante seis horas el centro porteño fue escenario del enfrentamiento entre los trabajadores y la policía. La jornada anunciaba el colapso de una dictadura agotada en sus contradicciones internas, la crisis económica y la movilización de las masas. Su último y desesperado intento de mantenerse en pie la llevó, unos días más tarde, a la ocupación militar de las Malvinas.

 

A 44 años del golpe, nuevos desafíos

 

A 44 años de aquel 24 de marzo el mundo entero se encuentra conmocionado por la pandemia del coronavirus,  que ha profundizado la crisis capitalista preexistente a niveles de catástrofe. Las consecuencias previsibles serán miles de muertes evitables y una depresión económica con su caudal de  desocupados y miseria social.

 

La realidad nos impone  desarrollar nuevas formas de luchas, más creativas aún que en el pasado, en defensa del interés, la salud y la vida del pueblo trabajador.