05/08/2020 | 1602

25 años de la Ley de Educación Superior, la lucha continúa

“El carácter mercantil de la educación, sus procesos y resultados transformados en cosas que pueden ser traficadas en nuevos mercados, la dimensión y escala que esos mismos mercados pueden alcanzar se han venido constituyendo progresivamente en un factor decisivo que afecta y cuestiona los sistemas educativos” (Pablo Rieznik, 2015)

Este año, más precisamente el 7 de agosto, se cumplen 25 años de la imposición de la Ley de Educación Superior (LES) en nuestro país, bajo el menemato. La LES representó una avanzada capitalista en toda la línea sobre la educación superior. En este artículo intentaremos dar cuenta de su origen y sus alcances hasta la actualidad, y de la profunda lucha contra ella protagonizada por estudiantes y docentes como un insumo para los desafíos actuales.

Forma y contenido de la LES

La LES fue la máxima expresión de la mercantilización educativa. Los ideólogos de este engendro fueron el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el FMI. Fue impuesta bajo el gobierno neoliberal menemista, fue parte de una ofensiva mundial contra la educación pública y contra la clase obrera en su conjunto. Transformó la educación en un servicio y borró la palabra “gratuidad” de sus características. Abrió las puertas del arancelamiento masivo de sus contenidos, instando a cada casa de estudio a generar recursos propios. Creó una comisión para evaluar y acreditar a las instituciones educativas y sus carreras, la famosa Coneau, violando la autonomía universitaria. A su vez, estableció el ingreso restrictivo a la educación superior, para frenar la “sobreproducción” de profesionales.

Para entender el contexto basta con plantear que, en 1995, la educación superior fue incluida en el acuerdo general de comercio y servicios de la OMC, como un servicio que debía ser reglamentado bajo los parámetros del comercio mundial (Rieznik, «La mercantilización educativa: denuncia y crítica», 2015). No podemos entender la privatización-mercantilización educativa sin entender el proceso de flexibilización laboral más general que se desenvuelve a escala mundial y en nuestro país. A las reformas laborales corresponden reformas educativas que desvaloricen la fuerza de trabajo.

El papel del Banco Mundial en el armado de la LES es absolutamente clave, como plantea Rieznik en su artículo. Su objetivo consiste en transformar los “servicios” educativos en ramas rentables para el capital privado y en ahorrar el gasto “improductivo” de las finanzas públicas para los sistemas de enseñanza, a favor de transferir esos recursos a servicios corporativos. La OMC vio, en 1995, un mercado educativo global que se estimaba próximo a los 30.000 millones de dólares. No se resistió a tamaña tentación.

En nuestro país, la conjugación de estos factores cuadran a la perfección, las reformas laborales y ataques contra el movimiento obrero en la década del ’90 tuvieron su correlato directo en la educación pública en su conjunto, y en particular en la universidad. No solo fue la LES, también fue la Ley Federal de Educación, que desguazó al conjunto de los secundarios del país, destruyendo los colegios denominados “nacionales”, avanzando en la desigualdad y en un ajuste sin precedente, desligando al gobierno nacional del presupuesto para el funcionamiento educativo.

La LES se cocinó lentamente, con leyes que la antecedieron. El 10 de noviembre del 1993, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados aprobó el despacho del “nuevo régimen económico financiero” de las universidades nacionales. Este proyecto planteó eliminar la gratuidad de la enseñanza superior y autorizaba a las casas de estudios a llevar adelante acuerdos con “sociedades de cualquier tipo” para obtener “beneficios” que sirvieran como “fuentes complementarias” de ingresos económicos (Prensa Obrera, 10/11/93). El año siguiente, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto que anticipó la formación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau), que luego apareció en la ley. El proyecto “ley de enseñanza superior” establece que la universidad no puede otorgar títulos, que sus estatutos deben estar sometidos al Ejecutivo nacional, a través de una comisión dirigida por el Ministerio de Educación. Esta “ley de enseñanza” fue escrita bajo la pluma del FMI (Prensa Obrera, 20/5/94).

Finalmente, el 20 de julio del 1995, la Ley 24.521 (LES) se sancionó en el Senado y el 7 de agosto del mismo año se promulgó.

El combate del movimiento estudiantil ante la LES

El movimiento estudiantil entró en escena y combatió la sanción de la LES en la mayoría de las universidades del país, con epicentro en la UBA, la Universidad de La Plata (Unlp), Córdoba y Comahue.

La FUA, dirigida por Franja Morada, y la Conadu convocaron para el 29 de abril de 1995 a una movilización nacional a Plaza de Mayo. En ella participaron más de 20 mil estudiantes, exigiendo que se retire el proyecto de la LES. Esta acción demostraba la profunda irrupción del movimiento estudiantil que conmocionó a la UBA. Asambleas masivas, ocupación de facultades y movilizaciones multitudinarias recorrieron la casi totalidad de las facultades.

En la Unlp se daba un proceso similar, a fines de abril se tomaron 11 de las 14 facultades y se produjo una multitudinaria movilización.

En Córdoba se movilizaban, en mayo, más de 10 mil estudiantes y docentes. En Comahue, los estudiantes tomaron la universidad, en diciembre de 1994, frente a la reducción del plantel docente, en lo que constituyó una prueba piloto de la ley de educación menemista.

A fines de mayo y durante junio se desarrollaron masivas movilizaciones estudiantiles, el movimiento continuaba en ascenso. La dirección de la FUA se quebraba. La movilización del 21 de junio desbordó a la burocracia estudiantil, que intentó en vano bloquear el ingreso de los estudiantes a Plaza de Mayo. Franja Morada desertó y miles de estudiantes improvisaron una asamblea en Plaza de Mayo, donde votaron impulsar un encuentro universitario en Córdoba el 8 de julio.

La Franja Morada actuó desde las federaciones (FUA-Fuba-Fulp) como un dique de contención del movimiento estudiantil. Por sus vínculos directos con el radicalismo y el Frepaso, su estrategia se basó en postergar la aprobación de la LES para, con un nuevo parlamento, consensuar los lineamientos para su aplicación. Esta política llevó a una encerrona del movimiento de lucha y a su posterior derrota frente al menemato. “La FUA es responsable de la sanción de la ley universitaria” (Prensa Obrera, 27/7/95).

La política del Partido Obrero fue opuesta por el vértice y se basó en desenvolver a fondo las tendencias combativas del movimiento de lucha. Sin vueltas, planteamos la huelga general al interior de las universidades para quebrar a las conducciones burocráticas y la reforma antieducativa.

La izquierda no pasó la prueba

Las tendencias izquierdistas, incluso trotskistas, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Su política fue constituirse como un factor de presión ante la Franja Morada. Esta política de adaptación frustró el encuentro universitario en Córdoba. Miles de delegados llegaron a Córdoba y se encontraron con una declaración consensuada por todas las corrientes (a excepción de la UJS) bajo los lineamientos de la política morada. En este acuerdo vergonzante se encuentran las firmas no solo de grupos nacionalistas, sino también del PTS y MST.
La UJS propuso, en cambio, una jornada de movilización nacional y votar delegados en todo el país para darle continuidad a la lucha frente a la deserción de la Franja -es decir, constituir a la izquierda como una dirección alternativa (Prensa Obrera, 11/7/95).

La adaptación de la izquierda se vio verificada en las elecciones a centros de estudiantes en la UBA. Pese a que toda la situación giraba a la izquierda y en todos los centros triunfaron expresiones que se colocaban a la izquierda de las distintas conducciones, la izquierda de conjunto no registró un vuelco a su favor. Pese a ello, el balance registrado en Prensa Obrera decía: “El corrimiento a la izquierda en la UBA, recién está empezando” (5/12/95).

Cuatro años después estallaría el Argentinazo en nuestro país. La quiebra del Estado argentino llevaba a la quiebra absoluta de la Franja Morada al frente de importantes federaciones universitarias. La izquierda y sectores combativos e independientes conquistaban la mayoría de los centros en la UBA y la Unlp, y con ellos las federaciones. No nos equivocamos cuando en el ’95 pronosticamos, precisamente, este fenómeno.

Rescate de la LES a lo “nac & pop”

El gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, pese a su discurso “antineoliberal”, gobernaron bajo los lineamientos de la LES menemista. En el año 2008, luego de una impactante lucha del movimiento universitario por la democratización, contra un régimen político universitario que actuaba como correa de transmisión de los grupos capitalistas que hacían negocios en nuestro país, CFK anunciaba “la sanción de una nueva ley de Educación Superior”. Esta nueva ley no era más que una maniobra para derrotar al movimiento estudiantil que, a diferencia del pasado, era apalancado por la conducción de la Fuba en manos de la izquierda. Las camarillas universitarias vieron con buenos ojos este rescate a la LES, ya que el nuevo proyecto estaría guionado por sus intereses.

La crisis educativa que enfrentó el kirchnerismo en 2006, en que la UBA durante un año no tuvo rector, se explica por la enorme crisis en la que la universidad estaba sumergida y que contaba con la total responsabilidad del gobierno nacional y popular. La UBA se sostenía por una enorme precarización laboral (docentes ad honorem) y con salarios muy por debajo de la inflación para el cuerpo docente en blanco. La crisis de infraestructura rajaba las paredes, la falta de gas era constante. La Facultad de Medicina debió cerrar sus puertas por temor a que ocurriera una explosión como había sucedido, en 2007, en uno de los laboratorios de la Universidad Nacional de Río Cuarto. El edificio de Ingeniería en la UBA se clausuró parcialmente por peligro de derrumbe. Su propio decano declaró que “no quería terminar como Chabán”, diciendo entre líneas que la UBA era un potencial Cromañón (Solano, 2008). La crisis de infraestructura alcanzaba a Psicología, Filosofía y Letras, Sociales y Odontología.

El copamiento privado en la universidad pública siguió el rumbo emprendido bajo la LES. La asfixia presupuestaria es un impulso a las universidades a buscar “recursos propios”, que son devorados por las camarillas universitarias. Los posgrados arancelados también florecieron bajo la “década ganada”. Un claro ejemplo es el posgrado de implantes en Odontología que, en 2008, costaba 40 mil pesos. La UBA, en ese mismo año, contaba con 40 mil estudiantes inscriptos en sus posgrados arancelados. Una privatización voraz y una enorme caja negra para el apetito del rector y los decanos.

CFK chichoneó con “reformular el concepto de autonomía universitaria”. El planteo de Cristina chocó contra la realidad. En principio, porque la autonomía significa la oposición a la intervención estatal y gubernamental en la universidad (Solano, 2008). La autonomía es la oposición al Estado capitalista y ello no puede ser llevado adelante por un gobierno representante, precisamente, de la clase capitalista y su copamiento en materia educativa.

Por último, el kirchnerismo fue un acérrimo defensor del poder de las camarillas universitarias, contra el cogobierno paritario por estudiantes y docentes. Jamás al kirchnerismo se le pasó por la cabeza democratizar el cogobierno universitario. Sostuvo con uñas y dientes su funcionamiento antidemocrático, que es una piedra basal para el entramado capitalista en la universidad. Por ello sirvió como garante de las camarillas universitarias en la lucha de la Fuba por la democratización, entregándoles el Congreso, vallado de policías, para que sesionaran y votaran un nuevo gobierno antidemocrático. El plan del kirchnerismo en la universidad debe verse a la luz de su plan más general: reconstruir a la burguesía nacional mediante subsidios y precarización laboral y pagar rabiosamente la deuda externa. Su correlato universitario es, precisamente, la precarización laboral, el arancelamiento y el copamiento privado.

Antes de abandonar el gobierno en 2015, CFK reactivó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, donde los lineamientos de la LES permanecían en un 99% (Prensa Obrera, 5/11/2015). El proyecto mantenía los mecanismos de evaluación y acreditación creados por la LES (Coneau) y, por supuesto, mantenía a rajatabla el régimen de poder piramidal universitario, basado en el gobierno controlado de un régimen de camarillas antidemocrático. La zanahoria del proyecto fue el ingreso irrestricto y la gratuidad. En pleno 2020 podemos decir que ninguna de las dos se cumplió. El ingreso continuó siendo restrictivo, se mantuvieron cursos de nivelación, el CBC, etc. Y día a día se avanzan en nuevos posgrados. Universidades nacionales como La Matanza y la de Tres de Febrero son una clara expresión de ello.

Macrismo: LES recargada

Bajo el macrismo, el ataque a la universidad pública y la profundización de los lineamientos capitalistas de la LES fueron una constante, y con ello los enfrentamientos entre docentes y estudiantes contra el Estado. Macri intentó avanzar de lleno en la privatización universitaria, pero no contó con las condiciones políticas para hacerlo, buscó hacerlo a rebanadas, mediante más ajuste; receta de todos los gobiernos precedentes. Junto a los rectores de 63 universidades públicas y privadas creó el “Sistema de reconocimiento académico de educación superior”. La UJS lo caracterizó como “Coneau 2.0” (Juan Winograd, 2017). Este sistema establecía la igualación entre universidades públicas y privadas, a partir de un sistema de medición denominado Reconocimiento de Trayecto Formativo (RTF), que estima en horas el tiempo total de los estudiantes para el cumplimiento de los requisitos de aprobación establecido en el plan de estudios correspondientes. Detrás del cuento de la equiparación y modernización universitaria se esconde el achatamiento de los planes de estudio de grado, la eliminación de materias optativas -es decir, la desvalorización de los títulos (low cost). Títulos cortos y desvalorizados que, como contracara, tienen el arancelamiento de posgrados, maestrías y doctorados para nutrirlos y la desvalorización de la fuerza de trabajo. Es decir, los lineamientos profundos de la LES.

La rebelión universitaria que se desenvolvió en 2018 contra la política macrista impuso un impasse en la aplicación a fondo de estos planes privatistas. Como en el pasado, las direcciones ligadas al Estado actuaron como bomberos de la lucha y su estrategia, en última instancia, fue defender el statu quo capitalista en la educación superior.

25 años, la lucha continúa

En la actualidad, la lucha contra el copamiento capitalista de la universidad, contra la precarización laboral, por un presupuesto acorde a las necesidades educativas, contra el arancelamiento privado, por la expulsión de las camarillas universitarias y la democratización de las casas de estudios están más vigentes que nunca.

La versión “nac & pop” degradada del gobierno de Alberto Fernández y CFK anticipa profundos choques entre sus planes y las comunidades educativas. La estructura del gobierno se sostiene en cerrar un acuerdo leonino con el capital financiero y entregarse de pies y manos al FMI. El desarrollo, de hecho, de la reforma laboral tendrá su correlato directo en la educación superior. En los planes del FMI, quien monitoreará a su antojo la economía nacional, se encuentran ajustes de todo tipo en la universidad, como parte de un ajuste más general sobre los sectores populares. Quebrar las carreras de grado es una reivindicación constante de los CEO “educativos” y en momentos de crisis ven la posibilidad de avanzar en esa dirección.

Hoy como ayer, la defensa de la universidad pública y su transformación sobre nuevas bases sociales, ligadas a los intereses mayoritarios de la población trabajadora, no pueden conquistarse sin una transformación social de fondo. La pelea directa en cada universidad por abrir un proceso de lucha y de organización independiente entre estudiantes y docentes es el mejor camino para arribar a estas conclusiones. Más cuando en la mayoría de los centros y federaciones estudiantiles se encuentran a la cabeza los mismos que en el ’95 entregaron la educación al capital financiero.

Frente a los ideólogos de la burguesía y pequeño burguesía, que plantean que la universidad debe ser un lugar “fuera de poder”. Le oponemos la lucha al interior de la universidad, por el poder de la clase obrera: “es posible que ‘la universidad’ sea una entelequia; ciertamente no lo son quienes, como sujetos y actores de la educación, la habitan y la agitan. Finalmente, sin una transformación social no habrá transformación educativa, una fórmula que no admite la inversión propia del guante” (Pablo Rieznik, 2015).

La izquierda debe jugarse por completo a ganar a la juventud a esta perspectiva revolucionaria.

Bibliografía consultada

La pereza y la celebración de lo humano y otros escritos, Pablo Rieznik.
Archivo digital Prensa Obrera, año 1995.

Por qué luchamos. De la reforma del ’18 a la lucha por la democratización. Análisis y política K y de los proyectos para una nueva LES, 2008.

Por qué luchamos 2, año 2017.

«Dos décadas conviviendo con la LES«. Página/12, 2015.

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