Con el no inicio de clases del 6 de agosto decretado por la Conadu Histórica y sus sindicatos de base comenzó un movimiento en las universidades que es histórico y que quizás no tenga parangón en las últimas décadas.

Lo que comenzó como un importantísimo paro docente logró prender la mecha de una rebelión educativa que disparó la participación y movilización de los estudiantes, quienes se sumaron a las marchas y, a partir de la cuarta semana, a las tomas de decenas de facultades y rectorados en todo el país.

Este proceso de lucha se da en un contexto de agudización del ataque a la educación pública por parte del gobierno nacional y de los rectores -quienes nada dijeron cuando los funcionarios del Ministerio de Educación anunciaron los recortes presupuestarios, afectando seriamente incluso al propio funcionamiento de las instituciones universitarias. En cuanto al reclamo gremial, la docencia pre y universitaria se levantó contra el tope salarial del 15 % que Macri puso como meta en su ataque a los trabajadores, y para decir “basta al trabajo gratuito” de quienes se desempeñan como docentes y sostienen la universidad.

En seis semanas de huelga docente, el conflicto universitario se instaló en la escena política poniendo en tela de juicio tanto la política del gobierno contra los trabajadores como el ajuste social que aplica en educación. Con el masivo apoyo estudiantil protagonizamos la gran marcha nacional que convocó a 500 mil personas en todo el país, y que fuera precedida por otras regionales como en Córdoba, La Plata, Tucumán, La Plata, entre otras -muchas de las cuales confluyeron en unidad con otras grandes peleas de la clase obrera, como la de Astilleros Río Santiago o Luz y Fuerza de Córdoba.

La dimensión de la rebelión universitaria determina también la dimensión de la entrega de los cuatro gremios firmantes, enrolados en el kircherismo y el moyanismo, al firmar el acta del gobierno -que establece sumas fijas que no se incorporan al básico, rompiendo el blanqueo salarial conquistado con el movimiento huelguístico del 2005. Tampoco otorga salario a los docentes ad honorem. Quienes dicen enfrentar al macrismo suscribieron un acta de entrega no solo del pliego reivindicativo de la docencia sino de la extraordinaria lucha en curso en todo el país. Y quizás lo más grave es que el aceptar sumas que no serán contempladas para la antigüedad ni para los adicionales por zona desfavorable, legaliza el objetivo del gobierno de ir sobre las conquistas establecidas en los convenios colectivos. Todo, a cambio de garantizar la gobernabilidad y de percibir el 1% de la masa salarial en juego, el equivalente aproximadamente a unos 90 millones de pesos en concepto de la mal llamada “cuota de solidaridad”.

Las tomas estudiantiles fueron debatidas y resueltas por las más grandes asambleas que se recuerden en los últimos años. Esto es lo que pretenden desconocer y deformar tanto rectores como decanos que salen a reclamar la “normalidad académica” en medio del ataque más profundo a la educación argentina. Tal el caso del rector de Córdoba que amenazó con su renuncia si la universidad seguía tomada o, en la UBA, el del decano de Psicología, que actuó como un verdadero rompehuelga, amedrentando docentes y estudiantes para que levanten toda medida de lucha.

En ese cuadro, las sucesivas notas de Clarín de las últimas semanas no llaman la atención: primero, atribuyó el rechazo al acta paritaria a una “agrupación de izquierda” (para referirse a la Conadu Histórica que es una federación que nuclea a 27 asociaciones de base), luego publicó sus clásicos semáforos en rojo para achacarle a la Fuba piquetera  estar fuera de la ley (e, indirectamente, para reclamar un lugar para la ilegal e ilegítima Fuba del Rectorado) y ahora, en tapa, pegó el salto: denuncia a las asambleas que supuestamente manipulan grupos de la izquierda y el Partido Obrero.

El macartismo es un clásico para los medios oficialistas de la burguesía, para los decanos y rectores. Como no pueden ocultar la rebelión educativa –como lo intentaron al invisibilizar nuestra lucha durante ¡tres semanas!-, lo que intentan es deslegitimarla con todos los recursos estatales o con los que, como al grupo Telecom-Clarín, les entregó el Estado.

Están desesperados. Como lo estaban los funcionarios y los medios oficialistas, cien años atrás, cuando enfrentaban la Reforma Universitaria. Pero, por más esfuerzo que hagan, ya no pueden tapar esta rebelión educativa que no solo puso el tema salarial docente y presupuestario sobre la mesa sino que golpeó en el centro de la política del gobierno: el pago de la usuraria deuda al capital financiero.