En Salta, la provincia en la que la educación religiosa se volvió obligatoria en las escuelas estatales en el horario de clase durante el gobierno de Urtubey (aunque preexistía) a pesar del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2017 que declara inconstitucional dicha medida, la embestida de la Iglesia católica ha tomado una nueva forma.

La Universidad Católica de Salta (Ucasal) ha creado una diplomatura llamada “Acompañamiento a la Mujer con embarazo vulnerable. Formación para la mujer en situación de aborto”, que comenzaría a implementarse el 11 de abril. Una diplomatura, vale aclararlo, es una trayectoria de formación consistente en un conjunto de cursos articulados alrededor de un eje temático, destinado a actores sociales que presentan necesidades de formación o de actualización de sus áreas de desempeño. Y como bien aclara la misma Ucasal, cursar una no requiere de ningún título previo.

Los argumentos, explícitos en sus objetivos, son los conocidos de todo discurso y política antiderechos de las mujeres. Ilustrativamente, entre sus objetivos se encuentran “analizar los aspectos filosóficos, antropológicos, jurídicos y biológicos de la dignidad del ser humano”; “obtener una visión humanizada e integral de la mujer que cursa un embarazo inesperado, comprendiendo la complejidad que implica la experiencia de abortar y sus consecuencias físicas, psicológicas y emocionales”, y “conocer proyectos de Políticas Públicas Nacionales e Internacionales en defensa de la vida”.

En cuanto a los docentes de Ucasal, la inmensa mayoría proviene de instituciones religiosas de la Iglesia Católica y de organizaciones antiderechos como la Comisión Federal de Abogados Pro Vida, el Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II, y de Profesionales por la Vida de Salta. Entre los integrantes del cuerpo docente se encuentra el médico salteño Carlos Cristian Franco, quien apoyó y organizó la visita a Salta del médico ginecólogo rionegrino Leandro Rodríguez Lastra, condenado por impedir la práctica de un aborto legal a una joven de 19 años.

Toda la orientación de la diplomatura está centrada en tratar de convencer a quienes deseen abortar para que desistan de hacerlo. Dicho de otro modo, es una carrera con aval universitario para la formación y el reclutamiento de militantes antiderechos, que se dediquen a vulnerar derechos hoy conquistados legalmente.

El 13 de marzo, Ruda (Red de Cátedra en Universidades Púbicas Nacionales sobre Educación Sexual Integral y Derecho al Aborto) manifestó su “preocupación por la reciente creación de la diplomatura (…) Su programa propone temas de poco basamento científico como el milagro de la vida y con un enfoque moralista como la responsabilidad frente a la vida humana, el binomio madre-hijo, el embarazo inesperado, el derecho a la vida, la contención a la mujer, los cuidados perinatales y la aplicación de políticas públicas. En su cuerpo docente cuenta con profesionales reconocidos públicamente como antiderechos”.

https://drive.google.com/file/d/12a2F3x0XGbVPdqO2rhsV66H977Fc_nKB/view?usp=sharing

El 14 de marzo, la diputada del Partido Obrero, Romina Del Plá, presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de declaración para denunciar y repudiar la creación de la diplomatura, y en el que se exige al Ministerio de Educación nacional que intervenga para darla de baja por “ser contraria a toda la legislación vigente (Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley de Educación Sexual Integral) y por ser contraria a la lucha y derechos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”.

La batalla por el aborto legal, seguro y gratuito y por una educación sexual integral laica y científica tiene una nueva instancia: combatir la diplomatura de formación de antiderechos en Salta. Reclamamos la aplicación de la ESI en todos los niveles de las universidades nacionales.

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