Tras recular frente a la movilización y “eximir de funciones” como docente a Dante Palma por las acusaciones de violencia de género y abuso de poder, las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras propusieron invitar a “especialistas en la materia” para “mejorar” la intervención ante “futuros casos”. Por esto, en la sesión del martes 23, ante la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Directivo, expuso Diana Maffía, ex legisladora del ARI, integrante del Instituto de Género de la facultad y titular de la cátedra de Filosofía Feminista.

La invitada relató que apenas aparecieron las denuncias por redes sociales, en el mes de febrero, ella se comunicó con la decana Graciela Morgade y con la directora del departamento de Filosofía, Claudia Mársico, para pedirles que intervinieran. Esto constituyó una revelación para todos los consejeros. Hasta el 5 de abril, cuando la UJS y el Plenario de Trabajadoras exigimos en la sesión del Consejo Directivo la apertura del sumario y el apartamiento del cargo, la gestión de la facultad no hizo absolutamente nada. Es una prueba contundente de la voluntad encubridora de las autoridades.

Diana Maffía continuó con una argumentación que demolió la actuación previa de la facultad. Hizo hincapié en el carácter probatorio de los testimonios de las víctimas. Por ser “múltiples y concordantes”, señaló, revelan que Palma sigue un patrón de conducta. Esto constituye una situación de riesgo para las estudiantes, que las autoridades estaban obligadas a evitar, en su carácter de co-responsables legales de cualquier hecho de violencia dentro de la institución (responsabilidad agravada por las advertencias hechas en febrero), por lo que el apartamiento provisorio del cargo debió haber sido la primera medida.

Escuchar estas palabras por parte de una funcionaria designada por la gestión y exponente del feminismo “institucional” fue un golpe para los representantes presentes, visiblemente alterados. Especialmente para el vicedecano, que había comparado el pedido de suspensión, basado en “meras denuncias” con “la persecución a Hebe de Bonafini y Milagro Sala” (!). El bloque de las autoridades en el Consejo Directivo votó en dos oportunidades contra la suspensión de Palma.

La gravedad de la posición oficial, prosiguió Maffía, consistió en el “mensaje” enviado a las víctimas y potenciales declarantes, “poniendo la protección del acusado por delante de todo”. Para el apartamiento, dijo, la lectura del informe sumarial no es relevante, como tampoco el Protocolo contra la Violencia de Género aprobado en la UBA. El debate volvió a poner de manifiesto los límites de esta reglamentación, que para algunas corrientes de izquierda parece ser el horizonte máximo de la lucha por los derechos de la mujer en la Universidad.

Esta experiencia de lucha arroja conclusiones claras para el movimiento estudiantil y de mujeres: la defensa de nuestros derechos sólo puede ser abordada por medio de la organización independiente, no podemos esperar nada de las camarillas que usurpan el gobierno universitario.

Es desde esta premisa que se debe encarar la pelea por la aplicación del mencionado protocolo y superar sus limitaciones; la implementación de los Centro Integrales de la Mujer en la UBA y en toda la Capital, la anulación del fallo contra Belén, la legalización del aborto y demás reivindicaciones. Esta es la perspectiva que asumió la Comisión de Mujer y Diversidad Sexual del CEFyL, que ya está preparando su delegación para el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en octubre en la ciudad de Rosario.