La aplicación de la virtualidad en la mayoría de las universidades e institutos nacionales se llevó adelante de manera improvisada. Esto es fruto de un pasaje a la modalidad virtual sin haber invertido un centavo, con un Presupuesto 2020 inexistente, lo que implica un ajuste educativo enorme de hecho (la partida vigente fue votada en 2018,en aquel momento en la Argentina había un dólar a 36 pesos y, desde ese momento a la fecha, la inflación creció en un 70%). La virtualidad, lo hemos denunciado en varias ocasiones, no es más que un “como si”.

Esto ha tenido su correspondiente traducción en la realidad cotidiana: hoy la “educación a distancia” solamente se puede llevar adelante sobre la base de depositar su peso en dos puntos fundamentales. En primer lugar, en la precarización laboral docente, con jornadas laborales extenuantes y condiciones de trabajo muy dificultosas desde sus hogares (carencias de conectividad, imposición de trabajo en situaciones familiares complicadas, aumento de las horas sin pago extra). Por otra parte, la virtualización tiene lugar impulsando una fuertísima deserción estudiantil, con jóvenes quedándose fuera de las cursadas en todo el país.

Que bruto, póngale cero

Es en este marco que en todas las universidades del país se discuten las formas que deben tomar las evaluaciones en este contexto. Esto pone arriba de la mesa la pelea por las condiciones bajo las cuales las mismas deben llevarse adelante.

En tal sentido, hay muchos anuncios sobre la aplicación de exámenes finales virtuales que fueron anunciados en diversas facultades y universidades sin que las autoridades expliquen cómo se van a llevar adelante. Esto esconde dos elementos importantes. Hablar así de evaluaciones marca la búsqueda de sostenerlo con la precarización laboral, porque les docentes deberían pasar largas horas frente a la computadora sin condiciones para tomar el exámen. A su vez, si les estudiantes son obligados a rendir en este cuadro, sin medidas de fondo,  eso se traduciría en bochazos masivos, luego de las dificultades de acceso y los enormes déficits de las “clases virtuales” en este semestre.

Esto ocurre, por ejemplo, en Ciencias Médicas, Psicología y Filosofía y Letras de la UBA, con centros de estudiantes (radicales y kirchneristas) que avalaron sin chistar estos anuncios.

Por otro lado, la temática de las evaluaciones trajo consigo el avasallamiento de varios derechos estudiantiles. En primer lugar, la improvisación de la virtualidad fue utilizada para quitar la posibilidad de promoción de las materias, un derecho estudiantil fundamental contra los filtros y la deserción, como sucedió en facultades de la UBA (Psicología, Farmacia y Bioquímica) y de las Universidades de todo el país. A su vez, las evaluaciones han llegado a golpear derechos no solo estudiantes sino de las personas en tanto tales, como ocurrió en Córdoba, en cuya universidad se llevó adelante un “ciberpatrullaje” con el servidor “Respondus”, que entrega datos personales e interviene en la intimidad de aquelles que rinden. Si de evaluación se trata, son el gobierno y las autoridades universitarias de todo tipo y color quienes deberían tener un bochazo en su libreta.

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Saquen una hoja

En este marco, resulta necesaria la organización independiente para garantizar tanto los derechos estudiantiles como los docentes. La implementación de todo tipo de evaluación virtual debe incluir en su plan la convocatoria a las gremiales de ambos para discutir en cada lugar de estudio de qué manera implementarlo. En este sentido, no cabe que las cátedras ni les docentes sean obligades ni perseguides a implementar esta modalidad, sin que esto signifique un desamparo de les estudiantes. Tampoco puede significar una mayor precarización docente, quienes desde que se impuso la virtualidad han llevado adelante reclamos al respecto, con la Asociación Gremial Docente-UBA a la cabeza. Una instancia de este tipo debe respetar el horario laboral de les docentes, sin que la rendición implique un aumento de sus ya extenuantes jornadas de trabajo.

Con respecto a los derechos estudiantiles, la regularidad de las materias debe ser para todes les inscriptes a las mismas y por supuesto que los finales no pueden ser una instancia obligatoria, manteniéndose la opción de rendir de manera presencial cuando se reinicien las clases en ese formato. Además, teniendo en cuenta las condiciones excepcionales a las cuales nos estamos suscribiendo, debemos luchar por la defensa de las instancias de promoción, conquista histórica del movimiento estudiantil en muchos lugares de estudio, y por que el bochazo en esta modalidad de examen no figure en la libreta.

Las reglas del final deben ser claras y justas para todes y no dejar afuera a nadie que quiera participar de la instancia: el tiempo para cada consigna debe ser razonable (en el caso, por ejemplo, de los exámenes escritos), contemplando la posibilidad de repasar y corregir errores, además de tener en cuenta los problemas con la velocidad de internet o el dispositivo que les estudiantes utilicen;  el uso de cámaras, mouse o micrófono no puede ser obligatorio, teniendo en cuenta que hay quienes no cuentan con ellos.

En cuanto a la forma de evaluación, planteamos que debe contemplar las particularidades y circunstancias de docentes y estudiantes en cada lugar, carrera y formato de exámenes, según el caso. Es por eso que las gremiales deben formar parte de las discusiones del armado de las evaluaciones. Así, son las autoridades las que deben sacar una hoja para anotar estos reclamos concretos.

La manera de combatir los requisitos excluyentes para rendir y la improvisación en la implementación de los exámenes virtuales por parte de las autoridades de las universidades es mediante la unión docente estudiantil, fundamental en momentos donde se ataca permanentemente a la educación. La pelea por la defensa de la Universidad y la lucha contra la deserción estudiantil es una de las tareas de la etapa. Y les estudiantes debemos tomarla en nuestras manos.

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