Frustrada por los estudiantes la primera convocatoria de la Asamblea Universitaria, el 22 de diciembre pasado, el rector y los decanos decidieron reformar los estatutos custodiados por una espesa barrera policial desde tres días antes de la sesión de la asamblea.

La reforma, que fue aprobada (97 contra 56), fue impulsada por el decano de la Facultad de Medicina, Carlos Oneti, en nombre de un frente homogéneo entre los decanos, Franja Morada y parte del estamento de profesores. La aprobación tuvo lugar sin discusión de los artículos.

La reforma establece la dictadura de las trenzas profesorales a través de los decanatos para apropiarse de los fondos del Banco Mundial y de los que origine la privatización de servicios de la Universidad.

La incorporación de los once profesores adicionales al Consejo se hará vía elección indirecta, es decir, por sus pares titulares y adjuntos de los Consejos Académicos. Los docentes auxiliares o jefes de trabajos prácticos, que hoy consituyen la gran masa docente, están prácticamente proscriptos del gobierno de la Universidad.

La reforma de los estatutos prolonga el mandato de los decanos de dos a tres años.

Se incluye un artículo que prevé la formación de un “Tribunal Universitario”, cuya función es llevar a cabo juicios académicos (!) y que actuará en cuestiones ético-disciplinarias que involucren al personal docente (!!).

Se trata de un viejo proyecto del Dr. Delich (ex rector de la UNC) y de Franja Morada, que nunca había podido ser aprobado, llamado “control de la gestión docente”.

Los jueces de estos tribunales son los mismos que defienden la LES y llevaron adelante esta reforma, y sus fallos se aplicarán contra aquellos docentes que atenten “contra la moral y las buenas costumbres”, que propicia la ley.

Franja Morada, escondida detrás del cordón policial, se ha convertido en una eficiente administradora de la política menemista.