12/09/2020

Córdoba: confirman procesamiento a estudiantes que participaron de la rebelión educativa de 2018

Buscan aleccionar al movimiento estudiantil para imponer un mayor ajuste.

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó el procesamiento de 27 estudiantes por la toma del Pabellón Argentina en 2018. Se los acusa de ser coautores del delito de ‘‘usurpación por despojo’’.

El planteo de las defensas fue el de la atipicidad de la conducta y que además se encontraban en ejercicio del derecho a huelga, lo que operaría como causal de justificación. Sin embargo, la Cámara rechazó los planteos de la defensa y confirmó los argumentos de juez Vaca Narvaja del ejercicio excesivo del derecho de huelga y la carencia de elementos probatorios suficientes para sobreseer a lxs estudiantes. Así lo declaró el camarista Vélez Funes en los medios de comunicación. Por otro lado la Cámara dictó la falta de mérito para el procesamiento de la abogada Leticia Celli.

La resolución de 60 páginas de la Cámara demuestra el esfuerzo argumentativo que debieron realizar los jueces para justificar semejante proceder judicial. Las extensas citas doctrinarias acerca de la consumación y modos del despojo y de la usurpación, demuestran la carencia de elementos de hecho y de derecho para consolidar el procesamiento.

Vale señalar que en el derecho penal rigen a rajatabla los principios de legalidad y tipicidad «numerus clausus», es decir que la conducta de los sujetos tanto objetiva como subjetiva (dolo) debe estar expresamente contemplada en la ley penal, sin posibilidad de acudir a la analogía de ninguna manera. Las defensas han sido claras al respecto. Y el esfuerzo doctrinario de la Cámara es revelador.

La realidad es que todo el procedimiento judicial forma parte de una orientación política represiva. La persecución y criminalización de las protesta estudiantil es una línea que también se vio en Río Negro, en donde se está yendo a fondo contra les estudiantes que también tomaron facultades durante la rebelión educativa del 2018.

Por eso, la resolución de la Cámara forma parte de una deliberada política persecutoria por parte de las autoridades universitarias, con el rector Hugo Juri y el vicerrector Pedro Yanzi Ferreira a la cabeza, contra el movimiento de lucha, que se levantó hace dos años, planteando una serie de demandas del claustro estudiantil, docente, e incluso fue voz de otros reclamos populares.

La justicia pretende hacer prevalecer el derecho a la propiedad por sobre derecho a la educación, asociación y expresión. Nada más natural para un poder del Estado, y nada más tremendo para los derechos de trabajadores y jóvenes estudiantes en épocas de ajuste y crisis.

De hecho, la Cámara fue más allá que el juez pidiéndole que se pronuncie respecto al embargo e inhibición de bienes de los procesados. Para les estudiantes procesades, esto es un baldazo de agua fría, según sus propios testimonios se sienten ‘‘reprimidos’’. Y no es para menos. Es el aparato represivo del Estado, la Justicia Federal penal, que está persiguiendo jóvenes por luchar.

El fallo es un elemento con el que se busca disciplinar a una juventud golpeada por la crisis económica-social-educativa, que necesariamente saldrá a reclamar sus derechos. De hecho, coincide con un movimiento estudiantil en la UNC que empieza a organizarse nuevamente luego del golpe recibido en 2018.

La justicia pretende avanzar en el procesamiento de estudiantes cuando en la provincia y en el país siguen vigentes redes de trata, narcotráfico, contrabando, corrupción, todos delitos que corresponden al fuero federal pero que a los jueces y la prensa los tiene sin cuidado. La justicia pierde el tiempo persiguiendo estudiantes.

Los gobiernos y las autoridades universitarias imponen un brutal ajuste sobre la educación. La UNC sufre una profunda crisis, con una tasa de deserción preocupante, un salario docente y no docente congelados. Además, se ha impuesto una virtualización sin recursos que plantea una elitización de la educación. Las becas son insuficientes y están congeladas. Mientras tanto, el Rectorado realiza pactos con la Iglesia y el Vaticano, al que le facilita el uso del campus virtual (un campus que ha demostrado sus insalvables limitaciones) o la adquisición del programa Respondus (violatorio de la intimidad y los datos personales del estudiantado).

El ajuste y la privatización encubierta de la educación quieren hacerlo pasar con mano dura. Lo que quiere demostrar la justicia y el Rectorado con todo este procedimiento judicial reaccionario, precisamente, es que ellos son la mano dura en la UNC.

La UJS del Partido Obrero llama a todas las organizaciones, estudiantes y docentes a denunciar este fallo como un claro hecho de criminalización de la protesta. A organizarnos entre docentes, estudiantes, no docentes para defender el derecho a la protesta y para defender la educación pública laica y científica al servicio de las necesidades de las mayorías populares.

En esa perspectiva, la convocatoria del Plenario del Sindicalismo Combativo del 17 de septiembre será una instancia de lucha y organización contra el ajuste, la represión, y la impunidad.

 

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