Recientemente se dio a conocer la información de un nuevo avance en la causa contra les 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) imputades por luchar en el marco de la rebelión educativa del 2018, contra el ajuste y en defensa del salario docente. La Cámara Nacional de Casación Penal confirmó que el proceso estará a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, del Juzgado Federal 1 de Córdoba. Lxs compañerxs están acusadxs de “usurpación por despojo”.

Con esta novedad se estaría dando vía libre para que el juicio se realice durante el primer semestre de 2022. Les estudiantes criminalizadxs están enfrentando una acusación que tiene por fin último aleccionar a quienes luchan en defensa de la educación pública.

Vale clarificar que el juez a cargo, Ricardo Bustos Fierro, comenzó su carrera en la Justicia allá por el 1993, mediante un decreto del privatista Carlos Menem. Siempre fue un hombre ligado al gobierno del PJ provincial, por lo que en 1999 aceptó el recurso presentado por el gobernador de aquel entonces, José Manuel de la Sota, para dar vía libre a la reelección de Menem.

En el 2018, mediante un decreto macrista, lo habilitaron para seguir en su cargo hasta los 87 años. En este punto, vale señalar, la mencionada resolución también fue apoyada por unanimidad en el Senado; es decir, con los votos del PJ y el kirchnerismo, donde incluso hasta la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner avaló la designación.

Cabe recordar que en oportunidad de la noticia de su prórroga en el cargo, hasta el medio La Voz del Interior, ligada al grupo Clarín, resaltó que era un “juez de larga y polémica trayectoria”. Este nuevo capítulo de la avanzada judicial se da en momentos en que todos los partidos del régimen se acomodan en fila para llevar a fondo un programa de ajuste exigido por el FMI, y que tiene a la educación como un blanco. Además del recorte sistemático del presupuesto en esta área, el gobierno con sus “diez puntos” para acordar con la oposición y los “ocho puntos” en respuesta de Juntos por el Cambio incluyen como una tarea central avanzar a una reforma educativa. La proximidad de la elevación a juicio de les estudiantes tiene de fondo reforzar esta orientación ajustadora.

En este marco también se desarrollarán las elecciones universitarias. Tanto La Bisagra, agrupación ligada al gobierno nacional, como Franja Morada (UCR-macrismo) se encuentran a fondo con la perspectiva de pasar el ajuste universitario avalando la criminalización. Por eso la Federación Universitaria no hace nada por rechazar un juicio reaccionario.

El enjuiciamiento a les estudiantes se da en momentos de un recambio de gabinete derechista en el gobierno nacional. Para enfrentar el ajuste y la orientación represiva, profundicemos una perspectiva de independencia política y de lucha al interior de la universidad por la absolución, para conquistar los reclamos pendientes y derrotar la avanzada judicial contra les 27 estudiantes, y vamos en noviembre con el Frente de Izquierda – Unidad que es la única alternativa que no viene con la reforma educativa y el ajuste sobre la educación bajo el brazo.