Según el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad (OTES), al día de la fecha las universidades nacionales de Córdoba cuentan con 33 días de presupuesto restante. Este dato se desprende al tener en cuenta la inflación acumulada, que ya supera el 260% interanual (febrero) y el presupuesto 2024 que es nominalmente similar al del 2023.

Este brutal ajuste afecta a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) y la Universidad de Río Cuarto (UNRC), que en tres meses ya ha utilizado el 70% de su presupuesto anual. El recorte impacta principalmente en los salarios de docentes y no docentes, que constituyen el 85% de dicha asignación. “Desde diciembre, hubo una inflación acumulada del 71,37% y los salarios docentes han aumentado, como máximo, un 12%”, indicaron desde la OTES. Pero también repercute de manera cabal en el funcionamiento de los pabellones con el recorte del horario de apertura, del servicio de limpieza y vigilancia, el desmantelamiento de los aires acondicionados y la disminución en el uso de la energía eléctrica.

En este cuadro, la UNC está usando fondos de contingencia y tuvo que posponer el desarrollo de obras para poder hacerle frente a su funcionamiento operativo. Estamos frente a un agravamiento de la crisis educativa y un ataque histórico contra los derechos conquistados como consecuencia de una ofensiva del gobierno de Milei a la educación pública en general y del desfinanciamiento del sector público, pero que responde también a el ajuste y el vaciamiento que perpetraron todos los gobiernos y las autoridades rectorales y decanales, que han sido la correa de trasmisión de las políticas anti educativas al interior de sus unidades académicas durante años.

Así las cosas, no sólo se avanza en una mayor precarización laboral de docentes y no docentes y en salarios de miseria, también se profundizan las ya críticas condiciones en las que se encuentran las universidades nacionales, pero ahora con el peligro inminente de tener que cerrar sus puertas. Ante esto, el propio Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) tuvo que pronunciarse por el aumento de presupuesto y convocar a la marcha federal educativa del próximo 23, una política que pretende institucionalizar y contener la lucha. Resulta que ante tamaño ataque la respuesta de la comunidad educativa se empieza a sentir, vislumbrando posibilidades concretas de que se desarrolle una nueva rebelión educativa.

La lucha de la comunidad educativa organizada de manera independiente en la perspectiva de una huelga educativa para derrotar el plan motosierra de Milei es el camino que debemos profundizar. En este sentido, las asambleas interclaustros por facultades y la asamblea interfacultades son una herramienta valiosísima para darle impulso a un frente único que desarrolle a fondo un plan de lucha para defender a las universidades nacionales y conquistar todas las demandas pendientes. El 23 pongamos en pie una gran columna independiente y marchemos masivamente en unidad con todos los sectores en lucha. Abajo el plan Milei, arriba la educación pública, gratuita y de calidad.

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