En el día de ayer, circuló una resolución del ministro Trotta que “recomendaba” a las autoridades de Universidades e Institutos, frente a la propagación del Co-Vid-19, que las instituciones funcionaran con “la disminución de grupos o clases de modo de ocupar no más del cincuenta por ciento (50%) de la capacidad de las aulas”. Además de esto, la resolución propone que se implementen modalidades virtuales y medios digitales para “garantizar el desarrollo del calendario académico”.

La resolución es realmente llamativa, en primer lugar, porque todas estas recomendaciones no están apoyadas en ningún tipo de medida concreta que tienda a que puedan garantizarse. Por ejemplo, ¿cómo van a garantizar modalidades virtuales de cursada si ni siquiera pueden garantizar la modalidad virtual de inscripciones (Siu Guaraní), que colapsan desde hace años? Para poder garantizar esto, lo cual sería muy importante, es necesario que se destinen recursos materiales, tecnológicos y personal especializado, o ¿va a depender de la buena voluntad de cada docente y del mecanismo que cada cátedra considere mejor?

Por otro lado, la resolución desconoce la realidad concreta que atraviesan gran parte de las facultades del país. ¿Cómo garantizar que las aulas funcionen al 50% de su capacidad cuando muchas veces cursamos en aulas que superan el 100%? ¿Qué recomienda hacer el Ministro para garantizar lo que plantea? ¿Que cursen los que lleguen más temprano hasta llenar el 50% del aula? Dividir las comisiones superpobladas existentes en muchas universidades sería una buena medida que debiera tomarse en condiciones normales, pero que muchas veces resulta imposible por los colapsos edilicios y la falta de aulas.

Además, la resolución desconoce completamente lo que desde la UJS-PO venimos denunciando en todo el país: las universidades, así como todos los establecimientos educativos, no están preparadas, en materia de salubridad e higiene, para combatir el contagio de la pandemia, siendo que faltan hasta los elementos más básicos. Lo normal es encontrarse con que los baños no tienen jabón, papel, toallitas descartables para secarse y no hay alcohol en gel en ningún lugar de los edificios donde cursamos. A esto, sumemos la tercerización de la limpieza en una parte importante de las facultades, donde las empresas que la universidad contrata no garantizan los insumos mínimos que figuran en el contrato y ultraprecarizan trabajadores.

La resolución, además, suma que cualquier medida adoptada “no afectará las restantes actividades de las instituciones, ni la asistencia del personal docente, no docente y becarias y becarios a sus lugares de trabajo”. Es decir que les trabajadores de la universidad tendrán que seguir asistiendo aún si no hay clases, y mientras siguen sin garantizarse condiciones mínimas. Está claro que estamos frente a improvisaciones que se siguen sucediendo en el tiempo, por parte de un gobierno que tiene concentrados todos sus esfuerzos en hacer frente el pago de la deuda externa al FMI y los bonistas, mientras la propagación del coronavirus pone sobre la mesa el colapso sanitario al que nos ha llevado el pago serial de esa misma deuda usuraria e ilegítima.

Tan improvisadas son las medidas, que algunas universidades, entre las que se cuentan casas de estudio gobernadas por autoridades ligadas al propio gobierno, ya han suspendido sus clases o postergado sus inicios, como es el caso de Farmacia, Medicina y Filosofía de la UBA, la Universidad de Córdoba, de La Matanza, de la Patagonia Austral, y sigue la lista. En la UNLP, mientras Medicina suspendió sus clases y conformó una suerte de “comité de crisis”, las facultades siguen funcionando con graves falencias de salubridad. En particular la Facultad de Artes ha postergado el inicio del primer año de todas las carreras, argumentando que es el más masivo, pero desde segundo en adelante, donde también hay cursadas masivas donde les estudiantes no entran en el aula, se seguiría cursando normalmente, mientras los baños son un completo desastre.

Frente a este cuadro, se debiera dejar de lado la improvisación y avanzar en resoluciones concretas. Debe suspenderse la actividad en las casas de estudio donde no se garantizan las condiciones mínimas de salubridad e higiene, y se deben tomar las medidas pertinentes y destinar recursos para garantizar las modalidades virtuales.