En las últimas tres semanas se realizaron las elecciones del claustro de profesores y graduados de la Facultad de Derecho de la UBA. En ambos casos, se presentaron dos bloques. Por un lado, la lista de La Cámpora, armada por el secretario de Justicia, Julián Alvarez. La otra lista, apañada por la decana radical de la facultad -Mónica Pinto-, reagrupó a la oposición tradicional a los K, con la UCR, el PRO y el PS. Esta última lista, de algún modo, fue un ensayo de la presentación común que anunciaron para la elección del Consejo de la Magistratura. Estas elecciones, lejos de ser puramente “universitarias”, se transformaron en caja de resonancia de una las principales crisis que atraviesa el país -la fractura entre los poderes del Estado, especialmente a partir de la reforma judicial que pretenden los K. Al mismo tiempo, las elecciones forman parte de las disputas por la elección de rector, prevista para fin de este año.

Iban por todo, se fueron sin nada

Para la presentación de lista de profesores, se exige que al menos haya ocho titulares, una medida altamente proscriptiva. Los K, lejos de proponer la democratización del régimen de cogobierno universitario, navegaron las mismas aguas que la “opo” -peleas de unas camarillas contra otras. Para poder conseguir candidatos y armar una lista, el kirchnerismo recurrió a la presión del citado Julián Alvarez, incluyendo promesas de cargos en las flamantes cámaras de casación. Sin embargo, la votación sorprendió a más de uno: muchos de los profesores “progres” y otros alineados con el gobierno votaron por la lista de la “opo”. El resultado fue contundente: los K obtuvieron solamente el 16% de los votos; ni siquiera obtuvieron la minoría del claustro. La actual decana tendrá los ocho consejeros profesorales, o sea un camino para su pretendida reelección -que, como se ve, es una práctica que la oposición critica sólo demagógicamente, pues la lleva adelante en todo lugar donde sea posible.

Graduados

Esta elección también fue escenario de una verdadera disputa de camarillas, a la que le dedicaron enormes recursos. Los K se valieron de los métodos de los “barones del conurbano” y movilizaron a empleados (abogados) de distintas dependencias públicas en camionetas de ministerios -primero, para que se empadronen-, luego, para que los voten. El resultado saltó a la vista: ni siquiera los empleados de los ministerios votaron por la lista K. De este modo, se consumó otra derrota para La Cámpora, que alcanzó el 27% de los votos, retrocediendo casi diez puntos respecto de la elección de 2011. La semana previa a la elección de graduados, los K perdieron la conducción de la Asociación de Abogados de Buenos Aires (ABBA), históricamente progresista, la cual dirigían junto con sectores del PC. Los abogados laboralistas, como así también varios abogados “progres”, le quitaron el apoyo.

La Cámpora no pretende movilizar a la base explotada del mundillo judicial, sino dar la disputa por arriba, con los mismos métodos de camarilla. Finalmente, ¿cómo podría darla de otro modo, si su “embate” contra la corporación judicial es para blindar al poder del Estado, atacando los reclamos populares, incluidos los derechos laborales? La reforma judicial está lejos de tener algún contenido progresivo. La modificación del régimen de la medidas cautelares, como la creación de tribunales de Casación, restringen derechos fundamentales de los trabajadores y jubilados. Así las cosas, los K no lograron traccionar el apoyo del progresismo, el cual se movilizó a votar en contra de La Cámpora.

Vamos por una alternativa independiente

La disputa en la Facultad de Derecho enfrentó a distintas variantes del régimen actual, sin que los profesionales, docentes o trabajadores judiciales contáramos con una alternativa propia. La agrupación de la UJS-PO, La Causa, se propone, sobre la base de la delimitación de estos bloques en pugna, avanzar en construirla.