La virtualización forzosa impuesta por el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, acompañada por los decanos y centros de estudiantes, la están pagando les estudiantes y la docencia. Hay una mayor precarización laboral y una deserción estudiantil masiva, por una conectividad precaria o la imposibilidad de acceso a las plataformas. También hay una pauperización de los contenidos y métodos de aprendizaje. En este marco, no se garantiza la regularidad y se pretenden realizar exámenes virtuales sin establecer las condiciones necesarias -un punto que es necesario que sea respondido cuanto antes- puesto que las aulas virtuales no funcionan bien y hay incertidumbre en relación a la metodología y garantías de los derechos estudiantiles a la hora de dar exámenes.

Pese a ello, la conducción del centro de estudiantes de la Facultad de Derecho -Franja Morada- ha sacado un protocolo para realizar la toma de exámenes bajo condiciones de precariedad.

Hay planteos de estudiantes que están pidiendo ser evaluados de manera presencial. El contexto es que en Córdoba la cuarentena es cada vez más flexible: las grandes autopartistas que aglomeran cientos de personas han abierto sus puertas; los comercios casi funcionan con normalidad. Entonces la posibilidad de tomar exámenes de manera presencial a través del cumplimiento de un protocolo, tiene sus argumentos.

También está la necesidad y la situación de los estudiantes del interior, que no pueden volver a las aulas y que necesitarían rendir sus exámenes a través de alguna plataforma virtual. Uno y otro de los planteos señalados tienen sus razones.

Ahora, el problema fundamental radica, otra vez, en la cuestión presupuestaria a los efectos de garantizar las condiciones académicas y de seguridad. Es esto lo que la Universidad y la Facultad de Derecho no pretenden realizar.

Vale señalar que no se garantizaban las condiciones de seguridad e higiene previo a la pandemia: no había jabón en los baños o estaban sucios -una expresión más del recorte presupuestario de los últimos años. El reclamo de ‘‘limpieza y papel en los baños’’ ha sido un punto sentido entre los estudiantes, que no resolvieron las autoridades, y que el centro de estudiantes fracasó en hacer garantizar.

Además de que, en una facultad de 12 mil estudiantes, cada turno de examen o de clases significaría una aglomeración importante de estudiantes, si no hay una planificación y distribución racional de los espacios.

Les estudiantes tenemos que intervenir, ante un nuevo avance de las autoridades y la conducción del centro sobre nuestros derechos adquiridos. Ya nos han quitado las promociones, y tampoco se nos garantiza condiciones para regularizar. Es necesario que reclamemos una asamblea, para que hagamos sentir los reclamos que son muchos, y para que dejen de decidir por nosotres.

Lxs estudiantes de derecho nos debemos organizar de manera independiente y con un programa, para que la pandemia y la crisis que vive el mundo, el país y la educación no se traduzca en una pérdida de derechos y libertades, o una degradación de contenidos.

La UJS plantea aumento de presupuesto inmediato. Que se fijen las fechas de los exámenes finales julio-agosto y los pendientes de marzo. Que se garantice la regularidad sin ningún condicionamiento, para que la virtualidad no deje a nadie afuera. Que los exámenes a rendirse de manera virtual y/o presencial cumplan con protocolos sanitarios. Que les estudiantes que saquen 7 o más en ambos parciales accedan a la condición de promocional. Que se realice un relevamiento de estudiantes que han abandonado el cursado y los motivos del mismo, así como un empadronamiento de quienes están en condiciones de acceder a becas estudiantiles o alimentarias. Aumento de la beca Progresar. Que se preparen y garanticen las condiciones sanitarias y de seguridad e higiene para el retorno a las clases presenciales.