Los consejeros superiores de la UBA se fueron bien lejos, a Colón, en Entre Ríos, para modificar los planes de estudio y asignarles los recursos necesarios, incluidos preponderantemente los de “orígen externo” (La Nación, 24/4). También en la Universidad, como se puede ver, el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes.

Pero una “reforma curricular” que depende de “recursos externos” significa simplemente que será condicionada por los bancos y los “capitanes de la industria” que apoyan el proyecto de ley de enseñanza superior. Esto sin hablar de que el principal proveedor de fondos para proyectos educativos es el imperialísimo Banco Mundial, autor de todas las “reformas educativas” del continente. El consejo superior de la UBA incluye también a los delegados estudiantiles fubistas, lo que está demostrando que éstos están más cerca de Menem que de los estudiantes en lucha.

El cónclave colonense también decidió formar “equipos técnicos para detectar las necesidades de acción”, pero en ningún momento convoca a los estudiantes al debate político del proyecto. Una reforma curricular, sin embargo, es por sobre todo una iniciativa política, pues el carácter de la educación está directamente determinado por la naturaleza de la sociedad y del Estado. La exclusión de los estudiantes responde a la necesidad de procesar una política privatizadora.

¿Cómo se puede esperar que una Asamblea Universitaria de esta gente, como impulsa la FUA, sirva para derrotar a la ley menemista?